La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo la prisión provisional sin fianza para el exasesor ministerial Koldo García, sumándose así a las solicitudes presentadas por las acusaciones populares del PP. Esta petición se basa en el posible riesgo de fuga ante el próximo juicio por una supuesta trama de corrupción en los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
Alejandro Luzón, responsable de Anticorrupción, ha revisado la posición inicial de la Fiscalía, que hasta entonces había optado por medidas cautelares menos severas. Esta solicitud llega después de que el Supremo decidiera juzgar a García por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicar contratos a la empresa Soluciones de Gestión.
Hace un mes, las acusaciones populares ya solicitaron la prisión del exasesor, y ahora, con el respaldo de Anticorrupción, la petición adquiere mayor relevancia. La Fiscalía argumenta que esta medida procede dado el «elevado pedido de pena», que alcanza los 19 años y medio de prisión por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.
Por su parte, las acusaciones populares exigen hasta 30 años de cárcel, incluyendo cargos de prevaricación y falsedad documental, además de una multa de 3,9 millones de euros. En ambos casos, el principal fundamento para solicitar prisión preventiva sin fianza es el riesgo de fuga motivado por la gravedad de las penas solicitadas.
Hasta la fecha, García permanecía en libertad bajo medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias judiciales quincenales. El magistrado Leopoldo Puente ha pospuesto la declaración del exasesor para que su defensa pueda asistir a la comparecencia de Víctor de Aldama, empresario clave en la investigación, prevista para hoy en la Audiencia Nacional.
La causa investiga el supuesto cobro de comisiones por parte de García a cambio de adjudicar contratos de material sanitario a Soluciones de Gestión. La defensa ha presentado un recurso contra el procesamiento, negando cualquier vínculo contractual con la empresa y alegando indefensión y nulidad de actuaciones.
La investigación ha avanzado gracias a la colaboración de Víctor de Aldama, cuya declaración ha revelado una posible trama más extensa que incluiría asignaciones irregulares de obras públicas con implicación de otros altos cargos.
De forma paralela, la Fiscalía ha solicitado también prisión provisional sin fianza para el exministro José Luis Ábalos, ante una petición de 24 años de cárcel por parte del Ministerio Público.
