La Fiscalía General del Estado ha encargado a los fiscales territoriales que actúen si alguna comunidad autónoma se niega o pone trabas a la acogida de menores migrantes no acompañados trasladados desde Ceuta conforme al sistema vigente de reubicación.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, emitió este viernes un decreto con indicaciones para asegurar el interés superior del menor durante las fases de traslado y acogida.
Esta instrucción se publica en medio del debate político sobre el destino de los menores que llegaron solos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Aunque la cifra definitiva sigue sin confirmarse, la Policía ha registrado datos de 1.342 menores.
Los fiscales deberán actuar ante la negativa de una comunidad autónoma
Desde que la sección de menores de una comunidad receptora sea informada de un traslado previsto, la Fiscalía establece que debe supervisar que existan las condiciones necesarias para asegurar la recepción y protección de los menores.
En caso de que una comunidad autónoma rechace, demore o muestre dudas ante la llegada de los jóvenes asignados, el fiscal delegado en el territorio de origen deberá notificarlo de inmediato a su homólogo en la comunidad de destino.
La documentación enviada deberá incluir la resolución de reubicación y traslado junto con las alegaciones presentadas por la administración autonómica para justificar su rechazo o retraso.
Requerimiento inmediato a la comunidad receptora
Tras recibir esta información, el fiscal de la comunidad de destino debe dirigirse a la entidad pública responsable de la protección de menores.
El objetivo es requerirle, “con carácter de urgencia”, que determine el recurso de acogida más apropiado para los menores programados para llegar a esa comunidad.
Con ello, la Fiscalía busca garantizar que los jóvenes tengan asignado con antelación un centro o recurso de protección y evitar situaciones en las que queden desatendidos tras el traslado.
El fiscal deberá mantener informados tanto a la Sección de Menores como a la consejería autonómica correspondiente y al representante del Ministerio Público del territorio de procedencia del menor.
La Fiscalía alerta sobre posibles responsabilidades
La instrucción también recuerda que el requerimiento debe incluir una advertencia prevista en el real decreto que regula el sistema de derivaciones actual.
Especifica que este procedimiento se desarrolla “sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse”.
Si fuera necesario, el Ministerio Público podrá realizar acciones pertinentes ante un posible incumplimiento de las obligaciones de protección.
La participación de la Fiscalía no implica de forma automática la apertura de procedimientos contra una comunidad autónoma, sino que establece el procedimiento a seguir por los fiscales ante negativas o retrasos concretos.
El reparto de menores vuelve a generar discrepancias entre Gobierno y autonomías
Esta decisión se produce en el contexto de la controversia entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas respecto al reparto territorial de menores extranjeros no acompañados.
El sistema vigente fue implementado en 2025 con la finalidad de reducir la presión en territorios especialmente afectados por la llegada de migrantes, como Canarias y Ceuta.
Diversas comunidades gobernadas por el Partido Popular y VOX han manifestado su desacuerdo con el modelo o con algunas derivaciones, mientras que el Ejecutivo central insiste en que las autonomías deben asumir las asignaciones definidas según el sistema aprobado.
La crisis en Ceuta impulsa las reubicaciones
Los sucesos ocurridos a finales de julio han aumentado la presión sobre los recursos destinados a la protección de menores en Ceuta.
La dificultad para determinar con precisión cuántos de los recién llegados son menores, junto con los procesos de identificación y verificación de edad, supone uno de los principales retos administrativos tras la crisis.
Antes de efectuar cada traslado, es necesario completar los trámites correspondientes y garantizar que las decisiones se ajusten a la legislación de protección infantil.
La Fiscalía recalca que cualquier intervención relacionada con estos jóvenes debe priorizar el interés superior del menor, sin importar las diferencias políticas entre las administraciones.
Incremento del control del Ministerio Público
Con este nuevo decreto, la Fiscalía pretende fortalecer la supervisión de todo el procedimiento, desde que se informa sobre una derivación hasta que el menor se integra en el sistema de protección de la comunidad receptora.
Los fiscales deben asegurarse de que las administraciones adopten las medidas necesarias para proporcionar alojamiento, atención y protección adecuadas.
Esta instrucción incrementa la presión institucional sobre las comunidades autónomas que pretendan dilatar o rechazar las derivaciones de menores procedentes de Ceuta, en un momento en que su acogida constituye otro importante foco político derivado de la crisis migratoria.
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UNIRME GRATIS AL CANALLa Fiscalía General del Estado ha encargado a los fiscales territoriales que actúen si alguna comunidad autónoma se niega o pone trabas a la acogida de menores migrantes no acompañados trasladados desde Ceuta conforme al sistema vigente de reubicación.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, emitió este viernes un decreto con indicaciones para asegurar el interés superior del menor durante las fases de traslado y acogida.
Esta instrucción se publica en medio del debate político sobre el destino de los menores que llegaron solos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Aunque la cifra definitiva sigue sin confirmarse, la Policía ha registrado datos de 1.342 menores.
Los fiscales deberán actuar ante la negativa de una comunidad autónoma
Desde que la sección de menores de una comunidad receptora sea informada de un traslado previsto, la Fiscalía establece que debe supervisar que existan las condiciones necesarias para asegurar la recepción y protección de los menores.
En caso de que una comunidad autónoma rechace, demore o muestre dudas ante la llegada de los jóvenes asignados, el fiscal delegado en el territorio de origen deberá notificarlo de inmediato a su homólogo en la comunidad de destino.
La documentación enviada deberá incluir la resolución de reubicación y traslado junto con las alegaciones presentadas por la administración autonómica para justificar su rechazo o retraso.
Requerimiento inmediato a la comunidad receptora
Tras recibir esta información, el fiscal de la comunidad de destino debe dirigirse a la entidad pública responsable de la protección de menores.
El objetivo es requerirle, “con carácter de urgencia”, que determine el recurso de acogida más apropiado para los menores programados para llegar a esa comunidad.
Con ello, la Fiscalía busca garantizar que los jóvenes tengan asignado con antelación un centro o recurso de protección y evitar situaciones en las que queden desatendidos tras el traslado.
El fiscal deberá mantener informados tanto a la Sección de Menores como a la consejería autonómica correspondiente y al representante del Ministerio Público del territorio de procedencia del menor.
La Fiscalía alerta sobre posibles responsabilidades
La instrucción también recuerda que el requerimiento debe incluir una advertencia prevista en el real decreto que regula el sistema de derivaciones actual.
Especifica que este procedimiento se desarrolla “sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse”.
Si fuera necesario, el Ministerio Público podrá realizar acciones pertinentes ante un posible incumplimiento de las obligaciones de protección.
La participación de la Fiscalía no implica de forma automática la apertura de procedimientos contra una comunidad autónoma, sino que establece el procedimiento a seguir por los fiscales ante negativas o retrasos concretos.
El reparto de menores vuelve a generar discrepancias entre Gobierno y autonomías
Esta decisión se produce en el contexto de la controversia entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas respecto al reparto territorial de menores extranjeros no acompañados.
El sistema vigente fue implementado en 2025 con la finalidad de reducir la presión en territorios especialmente afectados por la llegada de migrantes, como Canarias y Ceuta.
Diversas comunidades gobernadas por el Partido Popular y VOX han manifestado su desacuerdo con el modelo o con algunas derivaciones, mientras que el Ejecutivo central insiste en que las autonomías deben asumir las asignaciones definidas según el sistema aprobado.
La crisis en Ceuta impulsa las reubicaciones
Los sucesos ocurridos a finales de julio han aumentado la presión sobre los recursos destinados a la protección de menores en Ceuta.
La dificultad para determinar con precisión cuántos de los recién llegados son menores, junto con los procesos de identificación y verificación de edad, supone uno de los principales retos administrativos tras la crisis.
Antes de efectuar cada traslado, es necesario completar los trámites correspondientes y garantizar que las decisiones se ajusten a la legislación de protección infantil.
La Fiscalía recalca que cualquier intervención relacionada con estos jóvenes debe priorizar el interés superior del menor, sin importar las diferencias políticas entre las administraciones.
Incremento del control del Ministerio Público
Con este nuevo decreto, la Fiscalía pretende fortalecer la supervisión de todo el procedimiento, desde que se informa sobre una derivación hasta que el menor se integra en el sistema de protección de la comunidad receptora.
Los fiscales deben asegurarse de que las administraciones adopten las medidas necesarias para proporcionar alojamiento, atención y protección adecuadas.
Esta instrucción incrementa la presión institucional sobre las comunidades autónomas que pretendan dilatar o rechazar las derivaciones de menores procedentes de Ceuta, en un momento en que su acogida constituye otro importante foco político derivado de la crisis migratoria.
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Esta instrucción se publica en medio del debate político sobre el destino de los menores que llegaron solos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Aunque la cifra definitiva sigue sin confirmarse, la Policía ha registrado datos de 1.342 menores.
Los fiscales deberán actuar ante la negativa de una comunidad autónoma
Desde que la sección de menores de una comunidad receptora sea informada de un traslado previsto, la Fiscalía establece que debe supervisar que existan las condiciones necesarias para asegurar la recepción y protección de los menores.
En caso de que una comunidad autónoma rechace, demore o muestre dudas ante la llegada de los jóvenes asignados, el fiscal delegado en el territorio de origen deberá notificarlo de inmediato a su homólogo en la comunidad de destino.
La documentación enviada deberá incluir la resolución de reubicación y traslado junto con las alegaciones presentadas por la administración autonómica para justificar su rechazo o retraso.
Requerimiento inmediato a la comunidad receptora
Tras recibir esta información, el fiscal de la comunidad de destino debe dirigirse a la entidad pública responsable de la protección de menores.
El objetivo es requerirle, “con carácter de urgencia”, que determine el recurso de acogida más apropiado para los menores programados para llegar a esa comunidad.
Con ello, la Fiscalía busca garantizar que los jóvenes tengan asignado con antelación un centro o recurso de protección y evitar situaciones en las que queden desatendidos tras el traslado.
El fiscal deberá mantener informados tanto a la Sección de Menores como a la consejería autonómica correspondiente y al representante del Ministerio Público del territorio de procedencia del menor.
La Fiscalía alerta sobre posibles responsabilidades
La instrucción también recuerda que el requerimiento debe incluir una advertencia prevista en el real decreto que regula el sistema de derivaciones actual.
Especifica que este procedimiento se desarrolla “sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse”.
Si fuera necesario, el Ministerio Público podrá realizar acciones pertinentes ante un posible incumplimiento de las obligaciones de protección.
La participación de la Fiscalía no implica de forma automática la apertura de procedimientos contra una comunidad autónoma, sino que establece el procedimiento a seguir por los fiscales ante negativas o retrasos concretos.
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El sistema vigente fue implementado en 2025 con la finalidad de reducir la presión en territorios especialmente afectados por la llegada de migrantes, como Canarias y Ceuta.
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La dificultad para determinar con precisión cuántos de los recién llegados son menores, junto con los procesos de identificación y verificación de edad, supone uno de los principales retos administrativos tras la crisis.
Antes de efectuar cada traslado, es necesario completar los trámites correspondientes y garantizar que las decisiones se ajusten a la legislación de protección infantil.
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Incremento del control del Ministerio Público
Con este nuevo decreto, la Fiscalía pretende fortalecer la supervisión de todo el procedimiento, desde que se informa sobre una derivación hasta que el menor se integra en el sistema de protección de la comunidad receptora.
Los fiscales deben asegurarse de que las administraciones adopten las medidas necesarias para proporcionar alojamiento, atención y protección adecuadas.
Esta instrucción incrementa la presión institucional sobre las comunidades autónomas que pretendan dilatar o rechazar las derivaciones de menores procedentes de Ceuta, en un momento en que su acogida constituye otro importante foco político derivado de la crisis migratoria.
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La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, emitió este viernes un decreto con indicaciones para asegurar el interés superior del menor durante las fases de traslado y acogida.
Esta instrucción se publica en medio del debate político sobre el destino de los menores que llegaron solos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Aunque la cifra definitiva sigue sin confirmarse, la Policía ha registrado datos de 1.342 menores.
Los fiscales deberán actuar ante la negativa de una comunidad autónoma
Desde que la sección de menores de una comunidad receptora sea informada de un traslado previsto, la Fiscalía establece que debe supervisar que existan las condiciones necesarias para asegurar la recepción y protección de los menores.
En caso de que una comunidad autónoma rechace, demore o muestre dudas ante la llegada de los jóvenes asignados, el fiscal delegado en el territorio de origen deberá notificarlo de inmediato a su homólogo en la comunidad de destino.
La documentación enviada deberá incluir la resolución de reubicación y traslado junto con las alegaciones presentadas por la administración autonómica para justificar su rechazo o retraso.
Requerimiento inmediato a la comunidad receptora
Tras recibir esta información, el fiscal de la comunidad de destino debe dirigirse a la entidad pública responsable de la protección de menores.
El objetivo es requerirle, “con carácter de urgencia”, que determine el recurso de acogida más apropiado para los menores programados para llegar a esa comunidad.
Con ello, la Fiscalía busca garantizar que los jóvenes tengan asignado con antelación un centro o recurso de protección y evitar situaciones en las que queden desatendidos tras el traslado.
El fiscal deberá mantener informados tanto a la Sección de Menores como a la consejería autonómica correspondiente y al representante del Ministerio Público del territorio de procedencia del menor.
La Fiscalía alerta sobre posibles responsabilidades
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La participación de la Fiscalía no implica de forma automática la apertura de procedimientos contra una comunidad autónoma, sino que establece el procedimiento a seguir por los fiscales ante negativas o retrasos concretos.
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El sistema vigente fue implementado en 2025 con la finalidad de reducir la presión en territorios especialmente afectados por la llegada de migrantes, como Canarias y Ceuta.
Diversas comunidades gobernadas por el Partido Popular y VOX han manifestado su desacuerdo con el modelo o con algunas derivaciones, mientras que el Ejecutivo central insiste en que las autonomías deben asumir las asignaciones definidas según el sistema aprobado.
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Antes de efectuar cada traslado, es necesario completar los trámites correspondientes y garantizar que las decisiones se ajusten a la legislación de protección infantil.
La Fiscalía recalca que cualquier intervención relacionada con estos jóvenes debe priorizar el interés superior del menor, sin importar las diferencias políticas entre las administraciones.
Incremento del control del Ministerio Público
Con este nuevo decreto, la Fiscalía pretende fortalecer la supervisión de todo el procedimiento, desde que se informa sobre una derivación hasta que el menor se integra en el sistema de protección de la comunidad receptora.
Los fiscales deben asegurarse de que las administraciones adopten las medidas necesarias para proporcionar alojamiento, atención y protección adecuadas.
Esta instrucción incrementa la presión institucional sobre las comunidades autónomas que pretendan dilatar o rechazar las derivaciones de menores procedentes de Ceuta, en un momento en que su acogida constituye otro importante foco político derivado de la crisis migratoria.
