Badajoz — La Fiscalía ha solicitado la absolución para los once procesados en el juicio que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Según el Ministerio Público, tras la investigación y las evidencias presentadas durante la vista oral, no se han acreditado los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
La fiscal a cargo, Begoña García Boró, ha confirmado su postura definitiva, manteniendo el criterio expresado en su informe provisional y la solicitud inicial de archivo de la causa. Esta posición contrasta con la de las siete acusaciones populares, que continúan solicitando penas de prisión para los acusados.
Falta de indicios de ilegalidad en el procedimiento
En sus conclusiones, la fiscal ha destacado que los procesos para la creación y asignación de las plazas bajo escrutinio —la de David Sánchez como coordinador de conservatorios y la de Luis Carrero como jefe de actividades transfronterizas— cumplieron con los principios de publicidad, mérito y capacidad.
García Boró subrayó que en su momento no se presentaron alegaciones, advertencias ni recursos que pusieran en duda la legalidad de dichos nombramientos. Recalcó que la plaza otorgada a Sánchez «existía previamente» y que, tras la jubilación del anterior titular, sus funciones fueron asumidas extraordinariamente por profesores fuera de su horario habitual y durante fines de semana. Además, la aprobación de la plaza en el pleno de la Diputación se realizó sin objeciones, ni siquiera por parte del Partido Popular (PP).
Apoyo a la investigación y al informe de la UCO
Ante las críticas de las acusaciones populares, que mencionaron una supuesta defensa hacia los procesados por parte de la Fiscalía, García Boró recordó que la Fiscalía respaldó plenamente el proceso de instrucción dirigido por la jueza Beatriz Biedma, y defendió la legitimidad en la intervención de los correos electrónicos.
Asimismo, valoró positivamente el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las comunicaciones intervenidas, señalando que proporciona «datos objetivos». Sin embargo, aclaró que dichos datos no pueden interpretarse de manera parcializada, como han hecho las acusaciones populares para sustentar sus cargos.
Con estas declaraciones, el juicio queda pendiente para la deliberación, enfrentando claramente la postura exculpatoria de la Fiscalía con la acusación popular que persiste en la línea punitiva.
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