La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha publicado un informe relevante este lunes 9 de marzo de 2026, donde afirma que por el momento no se cuenta con pruebas ni indicios suficientemente sólidos para imputar al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación con la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024.
El TSJCV será quien resuelva el rumbo del proceso
Después de evaluar la exposición razonada presentada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra —quien sí detecta posibles responsabilidades penales contra Mazón—, el Ministerio Fiscal ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que remita de nuevo el caso al juzgado de instrucción que inició la causa.
Aunque se produce esta paralización inicial, la Fiscalía mantiene una postura prudente:
- Posible responsabilidad futura: El informe señala que, a medida que avance la investigación, pueden surgir documentos o testimonios que indiquen que Mazón haya dado instrucciones incorrectas durante la emergencia.
- Remisión al juez instructor: Se propone que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Catarroja continúe con las diligencias antes de que la causa sea elevada a otra instancia.
Posiciones de defensa y partes acusadoras
El cierre del plazo para presentar alegaciones ha dejado un panorama procesal complicado:
- Salomé Pradas: La abogada de la exconsellera de Justicia e Interior ha pedido el archivo libre de su procedimiento, aunque ha indicado que, si el TSJCV decide continuar con la investigación contra Mazón, este tribunal debería encargarse inmediatamente de toda la causa.
- Emilio Argüeso: El exsecretario autonómico de Emergencias, igualmente señalado, ha solicitado que el TSJCV asuma la totalidad del proceso si admite la causa contra el expresident.
- Acusación popular: La Associació Víctimes de la dana 29 de octubre ha presentado una petición poco común: que el TSJCV prescinda del aforamiento de Mazón para que pueda ser examinado directamente por el juzgado ordinario de Catarroja.
Contexto: La gestión del desastre, que provocó la muerte de 230 personas, continúa bajo un intenso análisis judicial con el fin de determinar si existieron responsabilidades penales en la cadena de mando de la Generalitat.
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