Silvia Rojas defiende la necesidad de investigar si las decisiones previas a la entrada masiva pudieron afectar a las muertes y lesiones sucedidas el 30 y 31 de julio
La Fiscalía de Ceuta considera imprescindible investigar la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, ante la posible vinculación entre sus decisiones y los fallecimientos ocurridos durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.
Así lo expone la fiscal de Ceuta, Silvia Rojas, en un escrito fechado el 9 de septiembre, que forma parte de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta respecto a las muertes del 30 y 31 de julio.
En este documento, Rojas indica la importancia de analizar si existió una “eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar” los fallecimientos durante el cruce masivo de la frontera.
La investigación ha sido transferida a la Audiencia Nacional, tras la inhibición de los juzgados ceutíes en favor del órgano dirigido por la magistrada María Tardón, quien centraliza las diferentes causas vinculadas a los hechos.
La Audiencia Nacional asumirá la investigación integral de la crisis
La magistrada María Tardón analizará las diversas dimensiones del caso: desde las muertes y lesiones en la frontera hasta la posible planificación previa y la actuación de las autoridades españolas ante las alertas conocidas.
Corresponderá a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la jueza instructora determinar si procede iniciar un proceso penal contra el delegado del Gobierno en Ceuta.
El fiscal encargado en el Juzgado Central de Instrucción número 3 es Jesús Alonso Cristóbal.
La fiscal solicita examinar las alertas y los dispositivos implementados
Silvia Rojas sostiene en su escrito que para valorar la gestión del delegado del Gobierno es necesario estudiar conjuntamente las condiciones que rodearon la entrada masiva.
Entre los aspectos que propone investigar se incluyen:
- La información que tenían las autoridades españolas.
- Las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de los migrantes.
- La organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y acogida.
- Las órdenes e instrucciones emitidas por los responsables competentes.
- La posible existencia de omisiones significativas en materia de prevención y protección.
La fiscal indica que las decisiones adoptadas en esos días pudieron influir en la evolución de los hechos y en el riesgo al que se expusieron las personas que intentaron cruzar a nado hacia Ceuta.
Posible vínculo causal entre decisiones y consecuencias analizadas
El escrito destaca una posible “relación causal” entre las decisiones u omisiones atribuidas al delegado del Gobierno y los fallecimientos, lesiones y otros resultados que están siendo investigados judicialmente.
Rojas también señala el riesgo que supondría fragmentar la investigación entre distintos órganos judiciales, dado que las acciones relacionadas con la frontera forman parte de un mismo contexto operativo y de toma de decisiones.
Por ello, defendió que la causa permanezca centralizada en la Audiencia Nacional para evitar una investigación dispersa.
La investigación incluye también la planificación previa de la entrada masiva
La causa dirigida por María Tardón no se limita a examinar la respuesta institucional, sino también la posible organización anticipada de la movilización.
La Audiencia Nacional ya ha ordenado diligencias para investigar las alertas previas al 30 de julio, las posibles convocatorias difundidas en redes sociales y la identificación de personas u organizaciones que pudieran estar implicadas en la planificación.
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La Fiscalía de Ceuta considera imprescindible investigar la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, ante la posible vinculación entre sus decisiones y los fallecimientos ocurridos durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.
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La Audiencia Nacional asumirá la investigación integral de la crisis
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El fiscal encargado en el Juzgado Central de Instrucción número 3 es Jesús Alonso Cristóbal.
La fiscal solicita examinar las alertas y los dispositivos implementados
Silvia Rojas sostiene en su escrito que para valorar la gestión del delegado del Gobierno es necesario estudiar conjuntamente las condiciones que rodearon la entrada masiva.
Entre los aspectos que propone investigar se incluyen:
- La información que tenían las autoridades españolas.
- Las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de los migrantes.
- La organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y acogida.
- Las órdenes e instrucciones emitidas por los responsables competentes.
- La posible existencia de omisiones significativas en materia de prevención y protección.
La fiscal indica que las decisiones adoptadas en esos días pudieron influir en la evolución de los hechos y en el riesgo al que se expusieron las personas que intentaron cruzar a nado hacia Ceuta.
Posible vínculo causal entre decisiones y consecuencias analizadas
El escrito destaca una posible “relación causal” entre las decisiones u omisiones atribuidas al delegado del Gobierno y los fallecimientos, lesiones y otros resultados que están siendo investigados judicialmente.
Rojas también señala el riesgo que supondría fragmentar la investigación entre distintos órganos judiciales, dado que las acciones relacionadas con la frontera forman parte de un mismo contexto operativo y de toma de decisiones.
Por ello, defendió que la causa permanezca centralizada en la Audiencia Nacional para evitar una investigación dispersa.
La investigación incluye también la planificación previa de la entrada masiva
La causa dirigida por María Tardón no se limita a examinar la respuesta institucional, sino también la posible organización anticipada de la movilización.
La Audiencia Nacional ya ha ordenado diligencias para investigar las alertas previas al 30 de julio, las posibles convocatorias difundidas en redes sociales y la identificación de personas u organizaciones que pudieran estar implicadas en la planificación.
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Así lo expone la fiscal de Ceuta, Silvia Rojas, en un escrito fechado el 9 de septiembre, que forma parte de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta respecto a las muertes del 30 y 31 de julio.
En este documento, Rojas indica la importancia de analizar si existió una “eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar” los fallecimientos durante el cruce masivo de la frontera.
La investigación ha sido transferida a la Audiencia Nacional, tras la inhibición de los juzgados ceutíes en favor del órgano dirigido por la magistrada María Tardón, quien centraliza las diferentes causas vinculadas a los hechos.
La Audiencia Nacional asumirá la investigación integral de la crisis
La magistrada María Tardón analizará las diversas dimensiones del caso: desde las muertes y lesiones en la frontera hasta la posible planificación previa y la actuación de las autoridades españolas ante las alertas conocidas.
Corresponderá a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la jueza instructora determinar si procede iniciar un proceso penal contra el delegado del Gobierno en Ceuta.
El fiscal encargado en el Juzgado Central de Instrucción número 3 es Jesús Alonso Cristóbal.
La fiscal solicita examinar las alertas y los dispositivos implementados
Silvia Rojas sostiene en su escrito que para valorar la gestión del delegado del Gobierno es necesario estudiar conjuntamente las condiciones que rodearon la entrada masiva.
Entre los aspectos que propone investigar se incluyen:
- La información que tenían las autoridades españolas.
- Las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de los migrantes.
- La organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y acogida.
- Las órdenes e instrucciones emitidas por los responsables competentes.
- La posible existencia de omisiones significativas en materia de prevención y protección.
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Posible vínculo causal entre decisiones y consecuencias analizadas
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Rojas también señala el riesgo que supondría fragmentar la investigación entre distintos órganos judiciales, dado que las acciones relacionadas con la frontera forman parte de un mismo contexto operativo y de toma de decisiones.
Por ello, defendió que la causa permanezca centralizada en la Audiencia Nacional para evitar una investigación dispersa.
La investigación incluye también la planificación previa de la entrada masiva
La causa dirigida por María Tardón no se limita a examinar la respuesta institucional, sino también la posible organización anticipada de la movilización.
La Audiencia Nacional ya ha ordenado diligencias para investigar las alertas previas al 30 de julio, las posibles convocatorias difundidas en redes sociales y la identificación de personas u organizaciones que pudieran estar implicadas en la planificación.
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Así lo expone la fiscal de Ceuta, Silvia Rojas, en un escrito fechado el 9 de septiembre, que forma parte de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta respecto a las muertes del 30 y 31 de julio.
En este documento, Rojas indica la importancia de analizar si existió una “eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar” los fallecimientos durante el cruce masivo de la frontera.
La investigación ha sido transferida a la Audiencia Nacional, tras la inhibición de los juzgados ceutíes en favor del órgano dirigido por la magistrada María Tardón, quien centraliza las diferentes causas vinculadas a los hechos.
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La magistrada María Tardón analizará las diversas dimensiones del caso: desde las muertes y lesiones en la frontera hasta la posible planificación previa y la actuación de las autoridades españolas ante las alertas conocidas.
Corresponderá a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la jueza instructora determinar si procede iniciar un proceso penal contra el delegado del Gobierno en Ceuta.
El fiscal encargado en el Juzgado Central de Instrucción número 3 es Jesús Alonso Cristóbal.
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Silvia Rojas sostiene en su escrito que para valorar la gestión del delegado del Gobierno es necesario estudiar conjuntamente las condiciones que rodearon la entrada masiva.
Entre los aspectos que propone investigar se incluyen:
- La información que tenían las autoridades españolas.
- Las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de los migrantes.
- La organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y acogida.
- Las órdenes e instrucciones emitidas por los responsables competentes.
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La fiscal indica que las decisiones adoptadas en esos días pudieron influir en la evolución de los hechos y en el riesgo al que se expusieron las personas que intentaron cruzar a nado hacia Ceuta.
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El escrito destaca una posible “relación causal” entre las decisiones u omisiones atribuidas al delegado del Gobierno y los fallecimientos, lesiones y otros resultados que están siendo investigados judicialmente.
Rojas también señala el riesgo que supondría fragmentar la investigación entre distintos órganos judiciales, dado que las acciones relacionadas con la frontera forman parte de un mismo contexto operativo y de toma de decisiones.
Por ello, defendió que la causa permanezca centralizada en la Audiencia Nacional para evitar una investigación dispersa.
La investigación incluye también la planificación previa de la entrada masiva
La causa dirigida por María Tardón no se limita a examinar la respuesta institucional, sino también la posible organización anticipada de la movilización.
La Audiencia Nacional ya ha ordenado diligencias para investigar las alertas previas al 30 de julio, las posibles convocatorias difundidas en redes sociales y la identificación de personas u organizaciones que pudieran estar implicadas en la planificación.
