La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha situado en el centro de un intenso debate político tras anunciar concentraciones de apoyo a Ceuta frente a todos los ayuntamientos españoles. Estas manifestaciones, programadas para el 2 de septiembre a las 20:00 horas, han generado el rechazo de la mayoría de grupos de oposición en la entidad, que acusan a la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), de decidir sin consenso.
El clima político se encuentra tenso, ya que la protesta ocurrirá solo un día antes de la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de la crisis en Ceuta.
Ausencia de consenso institucional
Un comunicado conjunto firmado por los portavoces de PSOE (Javier Ayala), IU (Aida Castillejo), ERC (Jordi Verdú) y Junts (Miquel Noguer) reclama a García-Pelayo que rectifique por actuar ante hechos ya consumados. Denuncian que ni la convocatoria de las protestas, ni el traslado de la Junta de Gobierno de septiembre a Ceuta, ni la asignación de un puesto en el Comité de las Regiones al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, contaron con el apoyo de los órganos de gobierno de la FEMP.
“La presidenta de la FEMP ha tomado decisiones de manera unilateral y con un uso partidista de la institución, incumpliendo la normativa y los procedimientos internos”, expresan los grupos locales en dicho comunicado conjunto.
Los firmantes subrayan que la solidaridad municipal frente a crisis anteriores —como la pandemia, la erupción de La Palma o la guerra en Ucrania— siempre se ha gestionado desde la lealtad institucional y el consenso, lo cual consideran que ha sido vulnerado en esta ocasión.
Intercambio de críticas
Por su parte, el Partido Popular ha convocado de forma explícita a la población a apoyar las concentraciones mediante redes sociales. En cambio, la dirección federal de Izquierda Unida ha calificado la iniciativa de una «maniobra» para sacar provecho político de la situación en Ceuta. Desde esa formación acusan al PP de incoherencia por promover estas marchas mientras sus gobiernos autonómicos, junto a Vox, dificultan la acogida de menores no acompañados en la península.
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UNIRME GRATIS AL CANALLa Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha situado en el centro de un intenso debate político tras anunciar concentraciones de apoyo a Ceuta frente a todos los ayuntamientos españoles. Estas manifestaciones, programadas para el 2 de septiembre a las 20:00 horas, han generado el rechazo de la mayoría de grupos de oposición en la entidad, que acusan a la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), de decidir sin consenso.
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Ausencia de consenso institucional
Un comunicado conjunto firmado por los portavoces de PSOE (Javier Ayala), IU (Aida Castillejo), ERC (Jordi Verdú) y Junts (Miquel Noguer) reclama a García-Pelayo que rectifique por actuar ante hechos ya consumados. Denuncian que ni la convocatoria de las protestas, ni el traslado de la Junta de Gobierno de septiembre a Ceuta, ni la asignación de un puesto en el Comité de las Regiones al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, contaron con el apoyo de los órganos de gobierno de la FEMP.
“La presidenta de la FEMP ha tomado decisiones de manera unilateral y con un uso partidista de la institución, incumpliendo la normativa y los procedimientos internos”, expresan los grupos locales en dicho comunicado conjunto.
Los firmantes subrayan que la solidaridad municipal frente a crisis anteriores —como la pandemia, la erupción de La Palma o la guerra en Ucrania— siempre se ha gestionado desde la lealtad institucional y el consenso, lo cual consideran que ha sido vulnerado en esta ocasión.
Intercambio de críticas
Por su parte, el Partido Popular ha convocado de forma explícita a la población a apoyar las concentraciones mediante redes sociales. En cambio, la dirección federal de Izquierda Unida ha calificado la iniciativa de una «maniobra» para sacar provecho político de la situación en Ceuta. Desde esa formación acusan al PP de incoherencia por promover estas marchas mientras sus gobiernos autonómicos, junto a Vox, dificultan la acogida de menores no acompañados en la península.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha situado en el centro de un intenso debate político tras anunciar concentraciones de apoyo a Ceuta frente a todos los ayuntamientos españoles. Estas manifestaciones, programadas para el 2 de septiembre a las 20:00 horas, han generado el rechazo de la mayoría de grupos de oposición en la entidad, que acusan a la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), de decidir sin consenso.
El clima político se encuentra tenso, ya que la protesta ocurrirá solo un día antes de la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de la crisis en Ceuta.
Ausencia de consenso institucional
Un comunicado conjunto firmado por los portavoces de PSOE (Javier Ayala), IU (Aida Castillejo), ERC (Jordi Verdú) y Junts (Miquel Noguer) reclama a García-Pelayo que rectifique por actuar ante hechos ya consumados. Denuncian que ni la convocatoria de las protestas, ni el traslado de la Junta de Gobierno de septiembre a Ceuta, ni la asignación de un puesto en el Comité de las Regiones al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, contaron con el apoyo de los órganos de gobierno de la FEMP.
“La presidenta de la FEMP ha tomado decisiones de manera unilateral y con un uso partidista de la institución, incumpliendo la normativa y los procedimientos internos”, expresan los grupos locales en dicho comunicado conjunto.
Los firmantes subrayan que la solidaridad municipal frente a crisis anteriores —como la pandemia, la erupción de La Palma o la guerra en Ucrania— siempre se ha gestionado desde la lealtad institucional y el consenso, lo cual consideran que ha sido vulnerado en esta ocasión.
Intercambio de críticas
Por su parte, el Partido Popular ha convocado de forma explícita a la población a apoyar las concentraciones mediante redes sociales. En cambio, la dirección federal de Izquierda Unida ha calificado la iniciativa de una «maniobra» para sacar provecho político de la situación en Ceuta. Desde esa formación acusan al PP de incoherencia por promover estas marchas mientras sus gobiernos autonómicos, junto a Vox, dificultan la acogida de menores no acompañados en la península.
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El clima político se encuentra tenso, ya que la protesta ocurrirá solo un día antes de la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de la crisis en Ceuta.
Ausencia de consenso institucional
Un comunicado conjunto firmado por los portavoces de PSOE (Javier Ayala), IU (Aida Castillejo), ERC (Jordi Verdú) y Junts (Miquel Noguer) reclama a García-Pelayo que rectifique por actuar ante hechos ya consumados. Denuncian que ni la convocatoria de las protestas, ni el traslado de la Junta de Gobierno de septiembre a Ceuta, ni la asignación de un puesto en el Comité de las Regiones al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, contaron con el apoyo de los órganos de gobierno de la FEMP.
“La presidenta de la FEMP ha tomado decisiones de manera unilateral y con un uso partidista de la institución, incumpliendo la normativa y los procedimientos internos”, expresan los grupos locales en dicho comunicado conjunto.
Los firmantes subrayan que la solidaridad municipal frente a crisis anteriores —como la pandemia, la erupción de La Palma o la guerra en Ucrania— siempre se ha gestionado desde la lealtad institucional y el consenso, lo cual consideran que ha sido vulnerado en esta ocasión.
Intercambio de críticas
Por su parte, el Partido Popular ha convocado de forma explícita a la población a apoyar las concentraciones mediante redes sociales. En cambio, la dirección federal de Izquierda Unida ha calificado la iniciativa de una «maniobra» para sacar provecho político de la situación en Ceuta. Desde esa formación acusan al PP de incoherencia por promover estas marchas mientras sus gobiernos autonómicos, junto a Vox, dificultan la acogida de menores no acompañados en la península.
