ESTRASBURGO. — Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que designa a Ceuta como una ciudad «invadida» debido a los cruces masivos de migrantes ocurridos a finales de julio. La propuesta, promovida por el Partido Popular Europeo (PPE), fue aprobada con 339 votos a favor, 225 en contra y 13 abstenciones, contando con el apoyo de las fuerzas populares, ultraconservadoras y de extrema derecha, mientras que los grupos socialdemócrata, verdes e izquierda votaron en contra, junto con una bancada liberal dividida.
El documento rechaza expresamente la «instrumentalización de la migración irregular como medio de guerra híbrida contra la integridad territorial» de España y advierte a Marruecos que cualquier desafío sobre la soberanía española en Ceuta y Melilla es «incompatible con las obligaciones de un país socio». Además, la resolución señala que las infraestructuras y servicios de la ciudad están al borde del colapso, destacando la alteración de la seguridad y el orden público tras la crisis.
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Mediante varias enmiendas acordadas durante la sesión plenaria, el texto final incluye una serie de peticiones dirigidas a la gestión del conflicto:
- Condicionamiento de los fondos europeos: Siguiendo la propuesta de la bancada ultraconservadora, la Eurocámara solicita a la Comisión Europea la capacidad de suspender pagos o limitar el acceso preferente al mercado comunitario a terceros países —como Marruecos— que no colaboren eficazmente o pongan en riesgo los intereses de la UE.
- Investigación sobre el origen de los cruces: Pide a la diplomacia y a los servicios de inteligencia analizar los días 30 y 31 de julio para esclarecer la posible «inacción deliberada o participación de agentes estatales» en el acceso masivo.
- Críticas a las regularizaciones e incentivos: Cuestiona al Gobierno de España por aplicar regularizaciones masivas, al considerar que podrían generar un «efecto llamada» y afectar la seguridad en el espacio Schengen.
- Uso de fondos y retornos: Insta a las autoridades españolas a utilizar los 114,7 millones de euros otorgados por Bruselas para acelerar las devoluciones y a solicitar financiación adicional para mantener la estabilidad en Ceuta y Melilla.
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