El Gobierno espera que las comunidades autónomas respeten la normativa y colaboren en la distribución de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada la semana pasada. El Ejecutivo pretende evitar un proceso judicial, mientras el Partido Popular ha suavizado su discurso y Vox presiona para que las regiones donde forma parte del Gobierno se nieguen a aceptar los traslados.
A una semana de la crisis fronteriza, Ceuta aún no ha recuperado su normalidad. El Ministerio del Interior indica que unas 70.000 de las 72.000 personas que entraron desde Marruecos ya han sido devueltas, aunque el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calcula que podrían quedar hasta 6.000 en la ciudad.
Las cifras facilitadas por ambas administraciones no coinciden y el recuento continúa, especialmente en el caso de los niños y adolescentes que ingresaron sin adulto acompañante.
El Gobierno confía en que las autonomías cumplan la ley
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió este miércoles la “solidaridad” de las comunidades autónomas y manifestó su confianza en que todas colaboren en la acogida.
“Se trata de acatar la ley, y eso espero de todos los responsables, ya sea al mando de una comunidad autónoma o del Gobierno”, afirmó.
Cuerpo relacionó parte de las dudas manifestadas por el PP con la presión ejercida por Vox en las autonomías donde ambos partidos comparten gobierno.
El Ejecutivo confía en no tener que recurrir a los tribunales para asegurar el cumplimiento del reparto, aunque prevé esa opción si alguna comunidad se niega a cumplir lo establecido en la normativa.
Ceuta indica que atiende a 1.100 menores
El Gobierno central modificó en 2025 la ley de extranjería para instaurar un mecanismo obligatorio de distribución cuando las zonas más afectadas superen ampliamente su capacidad habitual y se declare una situación de contingencia migratoria.
Dicha situación sigue vigente desde hace meses en Ceuta y Canarias.
Según la actualización de junio, la capacidad habitual asignada a Ceuta es de 29 menores. Vivas afirma que actualmente la ciudad acoge a alrededor de 1.100 niños y adolescentes migrantes, lo que supone, según sus estimaciones, un 2.600% más de la capacidad crítica de acogida.
El reparto no podrá iniciarse plenamente hasta que finalicen las tareas de identificación y se establezca la situación personal y familiar de cada menor.
El PP modera su postura y muestra disposición a colaborar
La postura del Partido Popular ha cambiado en los últimos días.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, responsabilizó inicialmente al Gobierno de Pedro Sánchez y afirmó que quien generó el problema debía encargarse de resolverlo.
No obstante, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, afirmó después que las comunidades gobernadas por el PP cumplirán la ley, aunque exigió que la distribución sea “equitativa, bien financiada y organizada”.
Ezcurra también criticó que Cataluña y el País Vasco quedaran excluidos del anterior mecanismo de distribución y demandó que todas las comunidades asuman responsabilidades.
El PP solicita identificar primero a los menores
La dirigente del PP pidió que se concluya la identificación y se analice la situación particular de los niños y adolescentes antes de proceder a los traslados.
Entre las gestiones pendientes mencionó la comprobación de la edad, la evaluación de posibles vulnerabilidades, la solicitud de informes sociales y la consulta, cuando corresponda, a consulados, al Gobierno de Marruecos o a la Fiscalía.
También indicó que, en ciertos casos, los menores tienen derecho a expresar su opinión en el proceso.
El PP sostiene que primero el Gobierno debe finalizar estas acciones y luego negociar con las comunidades la distribución y los recursos económicos necesarios.
Vox presiona desde las comunidades donde gobierna con el PP
La apertura mostrada por la dirección nacional del PP contrasta con la postura de Vox en varias autonomías donde ambos partidos gobiernan juntos.
Los acuerdos firmados este año incluyen el compromiso de oponerse mediante medios legales, políticos y administrativos a los mecanismos de reparto de migrantes, incluyendo a los menores no acompañados.
En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández, anunció que el ejecutivo regional empleará todos los recursos disponibles para rechazar la distribución.
En Andalucía, el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, también declaró que la Junta se opondrá a cualquier reparto propuesto por el Gobierno central. Líderes de Vox en Castilla y León y Aragón han adoptado posturas similares.
Galicia, Valencia y Madrid alegan falta de recursos
El mensaje ha sido distinto en las comunidades gestionadas únicamente por el PP.
La Xunta de Galicia admitió que será necesario atender a los menores llegados a Ceuta. La Generalitat Valenciana no se negó a colaborar, aunque advirtió que sus centros de acogida están “saturados” y deberá valorar su capacidad.
La Comunidad de Madrid también reportó que sus recursos están al límite. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendió que cada país debe asumir la responsabilidad sobre su infancia, una declaración más crítica hacia la política migratoria del Ejecutivo.
Sira Rego viajará a Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, planea desplazarse este viernes a Ceuta para supervisar la acogida de los menores y avanzar en la coordinación con las administraciones involucradas.
La identificación de los niños y adolescentes será clave para determinar cuántos deberán ser trasladados y cómo se repartirán entre las comunidades.
Este reparto se perfila como el próximo principal conflicto político derivado de la crisis fronteriza, con el Gobierno defendiendo su obligatoriedad, el PP solicitando planificación y financiación, y Vox presionando para bloquearlo desde las autonomías.
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A una semana de la crisis fronteriza, Ceuta aún no ha recuperado su normalidad. El Ministerio del Interior indica que unas 70.000 de las 72.000 personas que entraron desde Marruecos ya han sido devueltas, aunque el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calcula que podrían quedar hasta 6.000 en la ciudad.
Las cifras facilitadas por ambas administraciones no coinciden y el recuento continúa, especialmente en el caso de los niños y adolescentes que ingresaron sin adulto acompañante.
El Gobierno confía en que las autonomías cumplan la ley
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió este miércoles la “solidaridad” de las comunidades autónomas y manifestó su confianza en que todas colaboren en la acogida.
“Se trata de acatar la ley, y eso espero de todos los responsables, ya sea al mando de una comunidad autónoma o del Gobierno”, afirmó.
Cuerpo relacionó parte de las dudas manifestadas por el PP con la presión ejercida por Vox en las autonomías donde ambos partidos comparten gobierno.
El Ejecutivo confía en no tener que recurrir a los tribunales para asegurar el cumplimiento del reparto, aunque prevé esa opción si alguna comunidad se niega a cumplir lo establecido en la normativa.
Ceuta indica que atiende a 1.100 menores
El Gobierno central modificó en 2025 la ley de extranjería para instaurar un mecanismo obligatorio de distribución cuando las zonas más afectadas superen ampliamente su capacidad habitual y se declare una situación de contingencia migratoria.
Dicha situación sigue vigente desde hace meses en Ceuta y Canarias.
Según la actualización de junio, la capacidad habitual asignada a Ceuta es de 29 menores. Vivas afirma que actualmente la ciudad acoge a alrededor de 1.100 niños y adolescentes migrantes, lo que supone, según sus estimaciones, un 2.600% más de la capacidad crítica de acogida.
El reparto no podrá iniciarse plenamente hasta que finalicen las tareas de identificación y se establezca la situación personal y familiar de cada menor.
El PP modera su postura y muestra disposición a colaborar
La postura del Partido Popular ha cambiado en los últimos días.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, responsabilizó inicialmente al Gobierno de Pedro Sánchez y afirmó que quien generó el problema debía encargarse de resolverlo.
No obstante, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, afirmó después que las comunidades gobernadas por el PP cumplirán la ley, aunque exigió que la distribución sea “equitativa, bien financiada y organizada”.
Ezcurra también criticó que Cataluña y el País Vasco quedaran excluidos del anterior mecanismo de distribución y demandó que todas las comunidades asuman responsabilidades.
El PP solicita identificar primero a los menores
La dirigente del PP pidió que se concluya la identificación y se analice la situación particular de los niños y adolescentes antes de proceder a los traslados.
Entre las gestiones pendientes mencionó la comprobación de la edad, la evaluación de posibles vulnerabilidades, la solicitud de informes sociales y la consulta, cuando corresponda, a consulados, al Gobierno de Marruecos o a la Fiscalía.
También indicó que, en ciertos casos, los menores tienen derecho a expresar su opinión en el proceso.
El PP sostiene que primero el Gobierno debe finalizar estas acciones y luego negociar con las comunidades la distribución y los recursos económicos necesarios.
Vox presiona desde las comunidades donde gobierna con el PP
La apertura mostrada por la dirección nacional del PP contrasta con la postura de Vox en varias autonomías donde ambos partidos gobiernan juntos.
Los acuerdos firmados este año incluyen el compromiso de oponerse mediante medios legales, políticos y administrativos a los mecanismos de reparto de migrantes, incluyendo a los menores no acompañados.
En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández, anunció que el ejecutivo regional empleará todos los recursos disponibles para rechazar la distribución.
En Andalucía, el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, también declaró que la Junta se opondrá a cualquier reparto propuesto por el Gobierno central. Líderes de Vox en Castilla y León y Aragón han adoptado posturas similares.
Galicia, Valencia y Madrid alegan falta de recursos
El mensaje ha sido distinto en las comunidades gestionadas únicamente por el PP.
La Xunta de Galicia admitió que será necesario atender a los menores llegados a Ceuta. La Generalitat Valenciana no se negó a colaborar, aunque advirtió que sus centros de acogida están “saturados” y deberá valorar su capacidad.
La Comunidad de Madrid también reportó que sus recursos están al límite. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendió que cada país debe asumir la responsabilidad sobre su infancia, una declaración más crítica hacia la política migratoria del Ejecutivo.
Sira Rego viajará a Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, planea desplazarse este viernes a Ceuta para supervisar la acogida de los menores y avanzar en la coordinación con las administraciones involucradas.
La identificación de los niños y adolescentes será clave para determinar cuántos deberán ser trasladados y cómo se repartirán entre las comunidades.
Este reparto se perfila como el próximo principal conflicto político derivado de la crisis fronteriza, con el Gobierno defendiendo su obligatoriedad, el PP solicitando planificación y financiación, y Vox presionando para bloquearlo desde las autonomías.
El Gobierno espera que las comunidades autónomas respeten la normativa y colaboren en la distribución de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada la semana pasada. El Ejecutivo pretende evitar un proceso judicial, mientras el Partido Popular ha suavizado su discurso y Vox presiona para que las regiones donde forma parte del Gobierno se nieguen a aceptar los traslados.
A una semana de la crisis fronteriza, Ceuta aún no ha recuperado su normalidad. El Ministerio del Interior indica que unas 70.000 de las 72.000 personas que entraron desde Marruecos ya han sido devueltas, aunque el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calcula que podrían quedar hasta 6.000 en la ciudad.
Las cifras facilitadas por ambas administraciones no coinciden y el recuento continúa, especialmente en el caso de los niños y adolescentes que ingresaron sin adulto acompañante.
El Gobierno confía en que las autonomías cumplan la ley
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió este miércoles la “solidaridad” de las comunidades autónomas y manifestó su confianza en que todas colaboren en la acogida.
“Se trata de acatar la ley, y eso espero de todos los responsables, ya sea al mando de una comunidad autónoma o del Gobierno”, afirmó.
Cuerpo relacionó parte de las dudas manifestadas por el PP con la presión ejercida por Vox en las autonomías donde ambos partidos comparten gobierno.
El Ejecutivo confía en no tener que recurrir a los tribunales para asegurar el cumplimiento del reparto, aunque prevé esa opción si alguna comunidad se niega a cumplir lo establecido en la normativa.
Ceuta indica que atiende a 1.100 menores
El Gobierno central modificó en 2025 la ley de extranjería para instaurar un mecanismo obligatorio de distribución cuando las zonas más afectadas superen ampliamente su capacidad habitual y se declare una situación de contingencia migratoria.
Dicha situación sigue vigente desde hace meses en Ceuta y Canarias.
Según la actualización de junio, la capacidad habitual asignada a Ceuta es de 29 menores. Vivas afirma que actualmente la ciudad acoge a alrededor de 1.100 niños y adolescentes migrantes, lo que supone, según sus estimaciones, un 2.600% más de la capacidad crítica de acogida.
El reparto no podrá iniciarse plenamente hasta que finalicen las tareas de identificación y se establezca la situación personal y familiar de cada menor.
El PP modera su postura y muestra disposición a colaborar
La postura del Partido Popular ha cambiado en los últimos días.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, responsabilizó inicialmente al Gobierno de Pedro Sánchez y afirmó que quien generó el problema debía encargarse de resolverlo.
No obstante, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, afirmó después que las comunidades gobernadas por el PP cumplirán la ley, aunque exigió que la distribución sea “equitativa, bien financiada y organizada”.
Ezcurra también criticó que Cataluña y el País Vasco quedaran excluidos del anterior mecanismo de distribución y demandó que todas las comunidades asuman responsabilidades.
El PP solicita identificar primero a los menores
La dirigente del PP pidió que se concluya la identificación y se analice la situación particular de los niños y adolescentes antes de proceder a los traslados.
Entre las gestiones pendientes mencionó la comprobación de la edad, la evaluación de posibles vulnerabilidades, la solicitud de informes sociales y la consulta, cuando corresponda, a consulados, al Gobierno de Marruecos o a la Fiscalía.
También indicó que, en ciertos casos, los menores tienen derecho a expresar su opinión en el proceso.
El PP sostiene que primero el Gobierno debe finalizar estas acciones y luego negociar con las comunidades la distribución y los recursos económicos necesarios.
Vox presiona desde las comunidades donde gobierna con el PP
La apertura mostrada por la dirección nacional del PP contrasta con la postura de Vox en varias autonomías donde ambos partidos gobiernan juntos.
Los acuerdos firmados este año incluyen el compromiso de oponerse mediante medios legales, políticos y administrativos a los mecanismos de reparto de migrantes, incluyendo a los menores no acompañados.
En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández, anunció que el ejecutivo regional empleará todos los recursos disponibles para rechazar la distribución.
En Andalucía, el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, también declaró que la Junta se opondrá a cualquier reparto propuesto por el Gobierno central. Líderes de Vox en Castilla y León y Aragón han adoptado posturas similares.
Galicia, Valencia y Madrid alegan falta de recursos
El mensaje ha sido distinto en las comunidades gestionadas únicamente por el PP.
La Xunta de Galicia admitió que será necesario atender a los menores llegados a Ceuta. La Generalitat Valenciana no se negó a colaborar, aunque advirtió que sus centros de acogida están “saturados” y deberá valorar su capacidad.
La Comunidad de Madrid también reportó que sus recursos están al límite. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendió que cada país debe asumir la responsabilidad sobre su infancia, una declaración más crítica hacia la política migratoria del Ejecutivo.
Sira Rego viajará a Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, planea desplazarse este viernes a Ceuta para supervisar la acogida de los menores y avanzar en la coordinación con las administraciones involucradas.
La identificación de los niños y adolescentes será clave para determinar cuántos deberán ser trasladados y cómo se repartirán entre las comunidades.
Este reparto se perfila como el próximo principal conflicto político derivado de la crisis fronteriza, con el Gobierno defendiendo su obligatoriedad, el PP solicitando planificación y financiación, y Vox presionando para bloquearlo desde las autonomías.
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A una semana de la crisis fronteriza, Ceuta aún no ha recuperado su normalidad. El Ministerio del Interior indica que unas 70.000 de las 72.000 personas que entraron desde Marruecos ya han sido devueltas, aunque el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calcula que podrían quedar hasta 6.000 en la ciudad.
Las cifras facilitadas por ambas administraciones no coinciden y el recuento continúa, especialmente en el caso de los niños y adolescentes que ingresaron sin adulto acompañante.
El Gobierno confía en que las autonomías cumplan la ley
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió este miércoles la “solidaridad” de las comunidades autónomas y manifestó su confianza en que todas colaboren en la acogida.
“Se trata de acatar la ley, y eso espero de todos los responsables, ya sea al mando de una comunidad autónoma o del Gobierno”, afirmó.
Cuerpo relacionó parte de las dudas manifestadas por el PP con la presión ejercida por Vox en las autonomías donde ambos partidos comparten gobierno.
El Ejecutivo confía en no tener que recurrir a los tribunales para asegurar el cumplimiento del reparto, aunque prevé esa opción si alguna comunidad se niega a cumplir lo establecido en la normativa.
Ceuta indica que atiende a 1.100 menores
El Gobierno central modificó en 2025 la ley de extranjería para instaurar un mecanismo obligatorio de distribución cuando las zonas más afectadas superen ampliamente su capacidad habitual y se declare una situación de contingencia migratoria.
Dicha situación sigue vigente desde hace meses en Ceuta y Canarias.
Según la actualización de junio, la capacidad habitual asignada a Ceuta es de 29 menores. Vivas afirma que actualmente la ciudad acoge a alrededor de 1.100 niños y adolescentes migrantes, lo que supone, según sus estimaciones, un 2.600% más de la capacidad crítica de acogida.
El reparto no podrá iniciarse plenamente hasta que finalicen las tareas de identificación y se establezca la situación personal y familiar de cada menor.
El PP modera su postura y muestra disposición a colaborar
La postura del Partido Popular ha cambiado en los últimos días.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, responsabilizó inicialmente al Gobierno de Pedro Sánchez y afirmó que quien generó el problema debía encargarse de resolverlo.
No obstante, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, afirmó después que las comunidades gobernadas por el PP cumplirán la ley, aunque exigió que la distribución sea “equitativa, bien financiada y organizada”.
Ezcurra también criticó que Cataluña y el País Vasco quedaran excluidos del anterior mecanismo de distribución y demandó que todas las comunidades asuman responsabilidades.
El PP solicita identificar primero a los menores
La dirigente del PP pidió que se concluya la identificación y se analice la situación particular de los niños y adolescentes antes de proceder a los traslados.
Entre las gestiones pendientes mencionó la comprobación de la edad, la evaluación de posibles vulnerabilidades, la solicitud de informes sociales y la consulta, cuando corresponda, a consulados, al Gobierno de Marruecos o a la Fiscalía.
También indicó que, en ciertos casos, los menores tienen derecho a expresar su opinión en el proceso.
El PP sostiene que primero el Gobierno debe finalizar estas acciones y luego negociar con las comunidades la distribución y los recursos económicos necesarios.
Vox presiona desde las comunidades donde gobierna con el PP
La apertura mostrada por la dirección nacional del PP contrasta con la postura de Vox en varias autonomías donde ambos partidos gobiernan juntos.
Los acuerdos firmados este año incluyen el compromiso de oponerse mediante medios legales, políticos y administrativos a los mecanismos de reparto de migrantes, incluyendo a los menores no acompañados.
En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández, anunció que el ejecutivo regional empleará todos los recursos disponibles para rechazar la distribución.
En Andalucía, el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, también declaró que la Junta se opondrá a cualquier reparto propuesto por el Gobierno central. Líderes de Vox en Castilla y León y Aragón han adoptado posturas similares.
Galicia, Valencia y Madrid alegan falta de recursos
El mensaje ha sido distinto en las comunidades gestionadas únicamente por el PP.
La Xunta de Galicia admitió que será necesario atender a los menores llegados a Ceuta. La Generalitat Valenciana no se negó a colaborar, aunque advirtió que sus centros de acogida están “saturados” y deberá valorar su capacidad.
La Comunidad de Madrid también reportó que sus recursos están al límite. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendió que cada país debe asumir la responsabilidad sobre su infancia, una declaración más crítica hacia la política migratoria del Ejecutivo.
Sira Rego viajará a Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, planea desplazarse este viernes a Ceuta para supervisar la acogida de los menores y avanzar en la coordinación con las administraciones involucradas.
La identificación de los niños y adolescentes será clave para determinar cuántos deberán ser trasladados y cómo se repartirán entre las comunidades.
Este reparto se perfila como el próximo principal conflicto político derivado de la crisis fronteriza, con el Gobierno defendiendo su obligatoriedad, el PP solicitando planificación y financiación, y Vox presionando para bloquearlo desde las autonomías.
