La familia Pujol ha solicitado la suspensión del juicio por presuntos delitos fiscales y corrupción, argumentando que algunas pruebas se obtuvieron mediante procedimientos irregulares relacionados con la llamada Operación Cataluña.
La defensa sostiene que las autoridades españolas habrían realizado gestiones no autorizadas para acceder a datos bancarios en Andorra, presionando a instituciones financieras del Principado e incorporando información fuera de los canales legales establecidos.
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Asimismo, cuestionan el testimonio de Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, cuyo relato fue fundamental en la apertura de la investigación. Argumentan que su declaración estuvo influida por intereses policiales y políticos, lo que comprometería su validez.
Corresponde ahora a la Audiencia Nacional evaluar la solicitud y determinar si las alegaciones presentadas son suficientemente relevantes para modificar el desarrollo del proceso. Mientras tanto, el caso Pujol continúa siendo uno de los asuntos más polémicos relacionados con la presunta corrupción en Cataluña.
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