Madrid — El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado el bloqueo preventivo de 490.780 euros en las cuentas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta medida amplía las acciones cautelares en el marco de la investigación por una presunta red de tráfico de influencias vinculada al rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
La orden de inmovilización de fondos fue solicitada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Es una medida común destinada a garantizar posibles responsabilidades civiles futuras.
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El rastro financiero bajo investigación
El monto bloqueado corresponde exactamente al total de los fondos que Zapatero habría recibido de la consultora Análisis Relevante S.L., propiedad de su amigo Julio Martínez, empresario arrestado en diciembre pasado. Tanto la Fiscalía como el juez sospechan que esta consultora sirvió de pantalla para ocultar pagos ilegales de la red.
Según el seguimiento financiero incluido en el procedimiento:
- En 2020: Se registraron tres transferencias a favor del exmandatario que suman 29.680 euros.
- Entre marzo de 2021 y junio de 2025: Una cuenta bancaria compartida por Zapatero y su esposa recibió pagos periódicos de la consultora por un total de 445.200 euros.
En sus resoluciones, el juez Calama indica que este movimiento monetario coincide temporalmente con supuestas gestiones para influir en altos funcionarios y facilitar la concesión del préstamo estatal de 53 millones de euros otorgado para rescatar a Plus Ultra en marzo de 2021. Además, la investigación rastrea otros traslados de dinero sospechosos hacia compañías relacionadas con la familia directa de Zapatero, como la empresa What The Fav, propiedad de sus hijas.
Indagación sobre una posible estructura en Dubái
Las pesquisas apuntan a que el presunto delito de tráfico de influencias se habría ejecutado mediante un complejo entramado societario. El juez atribuye a Zapatero la supuesta orden de creación de una sociedad offshore llamada Landside, ubicada en la zona franca de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), y participada en su totalidad por la empresa española Idella Consulenza Strategica. Según la versión judicial, esta estructura habría tenido como fin desviar la comisión pactada —equivalente al 1% del rescate público estatal—, eludiendo así el control de la Hacienda española.
Citación judicial y postura de defensa
La orden de bloqueo patrimonial se produjo apenas dos días después de que la Audiencia Nacional notificara formalmente la imputación de Zapatero, quien es señalado por el juez como la cabeza de la presunta red. El expresidente está convocado a declarar el próximo 2 de junio. No obstante, fuentes legales señalan que sus abogados podrían solicitar un aplazamiento para disponer de mayor tiempo para estudiar el caso o bien podría acogerse a su derecho a no declarar en esta fase inicial.
Por su parte, Zapatero ha defendido rotundamente su inocencia, afirmando que:
- Nunca ha sido propietario —directa o indirectamente— de ninguna sociedad mercantil, ni en España ni en el extranjero.
- En ningún momento ha realizado mediaciones ante organismos públicos ni entidades gubernamentales relacionadas con el rescate de la aerolínea.
- Los pagos recibidos por parte de Análisis Relevante, que promedian los 70.000 euros brutos anuales, corresponden a servicios profesionales legítimos de asesoría, todos ellos facturados y declarados correctamente en el IRPF.
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