La Audiencia Nacional ha emitido sentencia en una de las piezas principales de la Operación Púnica, imponiendo condenas a 29 de los 37 acusados involucrados en el amaño de contratos públicos relacionados con eficiencia energética adjudicados a Cofely durante 2012 y 2014.
El empresario David Marjaliza, considerado uno de los líderes de la red, ha sido sentenciado a ocho años y dos meses de prisión por delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad documental. El tribunal ha tenido en cuenta atenuantes como confesión tardía, demoras procesales y reparación del daño.
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Además de Marjaliza, varios directivos de Cofely han recibido condenas tras comprobarse su participación en un sistema orientado a obtener contratos municipales mediante comisiones y otros beneficios económicos. La sentencia destaca que los controles internos de la empresa resultaron insuficientes para impedir estas prácticas corruptas.
Por otra parte, seis exalcaldes de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid han sido sancionados con penas de prisión o inhabilitación por su implicación en las adjudicaciones irregulares. Los municipios afectados incluyen Parla, Móstoles, Collado Villalba, Moraleja de Enmedio y Serranillos del Valle. En algunos casos se han impuesto penas privativas de libertad y en otros, inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En contraste, dos exalcaldes han sido absueltos por falta de pruebas que acreditaran su participación directa en los hechos investigados.
La sentencia describe una estructura permanente de corrupción que operó durante varios años a través de sociedades instrumentales y testaferros, con el objetivo de manipular concursos públicos y asegurar adjudicaciones fraudulentas.
Este fallo judicial cierra una de las causas más significativas derivadas de la Operación Púnica, considerada entre las mayores investigaciones sobre corrupción política en España en la última década.
