La Audiencia Nacional ha decidido cerrar la causa principal sobre la supuesta ‘guerra sucia’ organizada desde el Ministerio del Interior contra adversarios políticos del Partido Popular. La investigación, que apuntaba a operaciones policiales ilegales contra formaciones como Podemos, independentistas catalanes e incluso el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido enterrada por decisión del nuevo instructor del caso.
Esta decisión implica que las partes no tendrán acceso a los audios que, según la investigación, probarían la existencia de dichas operaciones encubiertas. La negativa del magistrado a facilitar estas grabaciones ha generado malestar entre los afectados, quienes denuncian una falta de transparencia en el proceso judicial y una posible impunidad para los responsables de estas prácticas.
La causa se centraba en la existencia de un entramado policial supuestamente dirigido desde el Ministerio del Interior en etapas anteriores, con el objetivo de debilitar a rivales políticos del PP mediante la fabricación de pruebas falsas y campañas de desprestigio. La investigación había avanzado con la recopilación de diversas pruebas, incluyendo grabaciones que ahora quedarán sin ser examinadas por las partes.
Desde sectores políticos y jurídicos críticos con esta decisión, se ha advertido sobre el peligro que supone para la democracia el cierre de una causa de esta magnitud sin un análisis profundo de las pruebas. Por su parte, los afectados estudian posibles acciones legales para revertir la decisión y acceder al material que consideran clave para demostrar la existencia de la denominada ‘policía patriótica’.
