El Gobierno de España no cederá en su postura de expresar críticas a ciertas decisiones judiciales, a pesar de las fuertes reacciones por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de diversas asociaciones judiciales. La polémica se ha intensificado tras los comentarios de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación con el caso de Dani Alves, en los que cuestionó el principio de presunción de inocencia.
Desde el Palacio de la Moncloa han defendido su derecho a manifestar discrepancias con determinadas resoluciones judiciales, asegurando que el debate público sobre la justicia es parte del ejercicio democrático. «El respeto a las decisiones judiciales no impide el derecho a discrepar de ellas», han subrayado fuentes gubernamentales.
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El CGPJ, por su parte, ha advertido de los peligros de este tipo de declaraciones, que consideran un intento de presión sobre el Poder Judicial y un debilitamiento de los principios democráticos de separación de poderes. Diversas asociaciones judiciales han secundado estas críticas, manifestando su preocupación por la creciente intervención política en decisiones judiciales.
El caso de Dani Alves ha reavivado el debate sobre el papel del Ejecutivo en la crítica a la justicia. La ministra Montero ha sido especialmente cuestionada por sus declaraciones, en las que se mostró contraria a la aplicación del principio de presunción de inocencia en este caso específico, una posición que ha generado un aluvión de reacciones tanto a favor como en contra.
Con esta postura, el Gobierno reafirma su derecho a opinar sobre las decisiones de los tribunales, lo que podría generar nuevos roces con el Poder Judicial en el futuro cercano.
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