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La Audiencia Nacional acepta como acusación popular a una asociación dirigida por cuatro perros y un gato

08/09/2026
en Justicia, Nacional, Política
Tiempo de lectura: 2 minutos leidos
La Audiencia Nacional admite como acusación popular a una asociación dirigida por cuatro perros y un gato

La investigación judicial sobre la entrada masiva ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio, bajo la dirección de la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional, ha tomado un curso inesperado y polémico. Entre las acusaciones populares incorporadas al caso está la asociación Zeolandia, una entidad que, según su página web oficial, tiene como dirigentes a cinco mascotas: cuatro perros y un gato.

Bajo el lema “Defensa con colmillo”, esta organización afirma que «quien manda aquí tiene cuatro patas». Su estructura directiva está compuesta por el perro Chispito en la presidencia, Chocolatina como vicepresidenta, Ladri a cargo de la tesorería, Bimbi en la secretaría y la gata Oruga como vocal. Detrás de este particular organigrama se encuentran los abogados Inmaculada Jaén y Alexis Aneas, este último quien actúa como asesor legal del colectivo y también es fundador del partido Iustitia Europa, grupo que además participa como acusación popular impulsora de las primeras denuncias.

Apertura del abanico judicial y recurso ante el Supremo

La jueza Tardón ha decidido admitir la personación de las distintas organizaciones y partidos políticos que solicitaron intervenir en las diligencias del caso —considerado por la propia magistrada como un «ataque a la integridad territorial de España»—. La única excepción ha sido el partido Se Acabó la Fiesta, encabezado por Alvise Pérez, cuya petición fue denegada debido a que atribuía delitos de lesa humanidad al rey de Marruecos sin aportar evidencias ni justificación probatoria.

La actividad judicial de Zeolandia no se limita a la Audiencia Nacional. La asociación ha presentado paralelamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de una «omisión intencionada de medidas de seguridad preventivas» y de ocultar información sobre la llegada de más de 72 000 personas a la ciudad autónoma. El Tribunal Supremo ha concedido un plazo de cinco días al Ministerio de la Presidencia para entregar el expediente administrativo completo, conforme al procedimiento de protección de derechos fundamentales.

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La investigación judicial sobre la entrada masiva ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio, bajo la dirección de la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional, ha tomado un curso inesperado y polémico. Entre las acusaciones populares incorporadas al caso está la asociación Zeolandia, una entidad que, según su página web oficial, tiene como dirigentes a cinco mascotas: cuatro perros y un gato.

Bajo el lema “Defensa con colmillo”, esta organización afirma que «quien manda aquí tiene cuatro patas». Su estructura directiva está compuesta por el perro Chispito en la presidencia, Chocolatina como vicepresidenta, Ladri a cargo de la tesorería, Bimbi en la secretaría y la gata Oruga como vocal. Detrás de este particular organigrama se encuentran los abogados Inmaculada Jaén y Alexis Aneas, este último quien actúa como asesor legal del colectivo y también es fundador del partido Iustitia Europa, grupo que además participa como acusación popular impulsora de las primeras denuncias.

Apertura del abanico judicial y recurso ante el Supremo

La jueza Tardón ha decidido admitir la personación de las distintas organizaciones y partidos políticos que solicitaron intervenir en las diligencias del caso —considerado por la propia magistrada como un «ataque a la integridad territorial de España»—. La única excepción ha sido el partido Se Acabó la Fiesta, encabezado por Alvise Pérez, cuya petición fue denegada debido a que atribuía delitos de lesa humanidad al rey de Marruecos sin aportar evidencias ni justificación probatoria.

La actividad judicial de Zeolandia no se limita a la Audiencia Nacional. La asociación ha presentado paralelamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de una «omisión intencionada de medidas de seguridad preventivas» y de ocultar información sobre la llegada de más de 72 000 personas a la ciudad autónoma. El Tribunal Supremo ha concedido un plazo de cinco días al Ministerio de la Presidencia para entregar el expediente administrativo completo, conforme al procedimiento de protección de derechos fundamentales.

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Bajo el lema “Defensa con colmillo”, esta organización afirma que «quien manda aquí tiene cuatro patas». Su estructura directiva está compuesta por el perro Chispito en la presidencia, Chocolatina como vicepresidenta, Ladri a cargo de la tesorería, Bimbi en la secretaría y la gata Oruga como vocal. Detrás de este particular organigrama se encuentran los abogados Inmaculada Jaén y Alexis Aneas, este último quien actúa como asesor legal del colectivo y también es fundador del partido Iustitia Europa, grupo que además participa como acusación popular impulsora de las primeras denuncias.

Apertura del abanico judicial y recurso ante el Supremo

La jueza Tardón ha decidido admitir la personación de las distintas organizaciones y partidos políticos que solicitaron intervenir en las diligencias del caso —considerado por la propia magistrada como un «ataque a la integridad territorial de España»—. La única excepción ha sido el partido Se Acabó la Fiesta, encabezado por Alvise Pérez, cuya petición fue denegada debido a que atribuía delitos de lesa humanidad al rey de Marruecos sin aportar evidencias ni justificación probatoria.

La actividad judicial de Zeolandia no se limita a la Audiencia Nacional. La asociación ha presentado paralelamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de una «omisión intencionada de medidas de seguridad preventivas» y de ocultar información sobre la llegada de más de 72 000 personas a la ciudad autónoma. El Tribunal Supremo ha concedido un plazo de cinco días al Ministerio de la Presidencia para entregar el expediente administrativo completo, conforme al procedimiento de protección de derechos fundamentales.

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