La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado al veterano dirigente socialista Joaquín Leguina al estimar que el PSOE vulneró su derecho de asociación durante el proceso que culminó con su expulsión del partido. El tribunal anula una resolución previa que respaldaba a la dirección federal y determina que el partido actuó de modo “desproporcionado” y “contrario a la buena fe”.
Retraso “injustificado” en la tramitación del expediente
La sentencia no pone en tela de juicio la razón por la cual se inició el expediente disciplinario —el respaldo público de Leguina e Ignacio Redondo Terreros a Isabel Díaz Ayuso durante la campaña madrileña de 2021, considerado una falta muy grave dentro del PSOE—, sino la forma en que se desarrolló el procedimiento.
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Los magistrados resaltan que la ausencia de un plazo máximo en los estatutos del partido para la suspensión cautelar originó una “laguna” legal que permitió mantener al militante apartado “de facto” por un tiempo indefinido, generando una “incertidumbre inaceptable”. Según el fallo, esta carencia de límites temporales afectó el derecho de asociación del expresidente madrileño.
Además, la Audiencia señala que cuando Leguina presentó la demanda en febrero de 2024, el expediente seguía sin resolverse, acumulando 14 meses sin actividad desde la suspensión y 32 meses desde el inicio del proceso en mayo de 2021. Durante ese periodo, no existió “ninguna causa material, organizativa, jurídica o interna” que justificara la demora.
No se concede indemnización por daños morales
Aunque reconoce la vulneración de derechos, el tribunal rechaza la petición de Leguina de obtener una compensación por daños morales. El exdirigente reclamaba 12.000 euros al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y 6.000 euros a la exdirigente Marta López.
Los jueces no encontraron indicios de “intencionalidad maliciosa” atribuida a ambos responsables en el procedimiento, por lo que los eximen de responsabilidad personal.
Expulsión vinculada al apoyo a Ayuso
El conflicto comenzó cuando la dirección federal del PSOE, encabezada por Pedro Sánchez, abrió un expediente disciplinario contra Leguina y Redondo Terreros debido a su apoyo público a la candidata del Partido Popular en las elecciones autonómicas de Madrid. El partido consideró esta conducta como una falta grave incompatible con la condición de militante socialista.
Sin embargo, para la Audiencia, el inconveniente no estuvo en la suspensión cautelar de Leguina, que pudo ajustarse a los estatutos, sino en la prolongación injustificada del proceso. Fue la propia demanda del afectado la que obligó a reactivar el expediente.
Abogados de Leguina valoran positivamente la decisión judicial
Los representantes legales de Joaquín Leguina, Ramón Caravaca e Ignacio Orbea, celebraron la sentencia y señalaron que confirma el “carácter irregular” del procedimiento disciplinario aplicado contra quien fue presidente socialista de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995.
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