El fiscal general del Estado atribuye al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso la elaboración de una “estrategia” que persigue “desviar la atención” de la presidenta madrileña en medio de la polémica acerca de las filtraciones judiciales. Según su relato, el círculo más cercano a Ayuso habría intentado desplazar el debate fuera de las posibles responsabilidades políticas de la dirigente regional.
De forma paralela, la Abogacía del Estado ha defendido ante el Tribunal Supremo que no existen indicios de delito en la revelación de secretos ni pruebas que salpiquen al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la difusión del correo electrónico de un abogado vinculado con González Amador. Con esta postura, el organismo jurídico niega categóricamente que se haya producido una filtración irregular imputable a García Ortiz.
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Este suceso se enmarca en la creciente tensión entre la Fiscalía y el Gobierno madrileño, en un contexto donde cada acción procesal adquiere un matiz político. La intervención de la Abogacía pretende atenuar las críticas y cerrar la vía penal, mientras que las declaraciones del fiscal general reavivan el enfrentamiento con el entorno de la presidenta autonómica.
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