La defensa de Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha solicitado este jueves parar la vista preliminar del proceso judicial por la presunta trama de las mascarillas, inicialmente convocada por el Tribunal Supremo. La abogada Leticia de la Hoz fundamenta esta petición en la necesidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el fin de aclarar qué tribunal es competente para juzgar a García, Ábalos y al empresario Víctor de Aldama, tras la pérdida del aforamiento del exministro debido a su renuncia al escaño parlamentario.
De ser aceptada esta petición, la vista quedaría en suspenso hasta que el TJUE se pronuncie. El escrito se presentó tan solo una hora antes del inicio previsto para la sesión, fijada para las 11:00 horas. En las semanas previas, García había cuestionado la competencia del Supremo para continuar con el juicio tras la salida de Ábalos del Congreso.
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Asimismo, la Sala Penal del Supremo ha comunicado modificaciones en la composición del tribunal. La magistrada de tendencia progresista Susana Polo ocupará el lugar de Vicente Magro, quien tiene otros compromisos judiciales importantes. Con este ajuste, el tribunal estará integrado por siete magistrados: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Susana Polo y Javier Hernández. Este es el segundo cambio en un día, luego de que Ana Ferrer causara baja por enfermedad.
Simultáneamente, el Supremo denegó la petición del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para personarse en la vista preliminar, a pesar de estar imputado en otro caso relacionado con adjudicaciones de obras públicas, que fue remitido a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos. La defensa de Cerdán alegaba que en la sesión se tratarían “aspectos esenciales del procedimiento” y que las decisiones adoptadas no podrían ser recurridas.
Con estas resoluciones, el proceso judicial por el caso de las mascarillas queda en un estado de incertidumbre mientras se aguarda el fallo del TJUE sobre la competencia jurisdiccional, el cual podría determinar si el juicio debe continuar en el Supremo o trasladarse a otro tribunal.
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