La formación de Carles Puigdemont reafirma su negativa a los textos conocidos como la «vía Maricarmen», lo que deja al Ejecutivo de Pedro Sánchez sin los apoyos suficientes para su aprobación en el Congreso.
MADRID.— Junts per Catalunya ha ratificado su decisión de votar «no» a los dos decretos ley sobre vivienda presentados por el Gobierno central para su convalidación parlamentaria. Esta postura del grupo soberanista afecta gravemente la iniciativa pactada entre el PSOE y Sumar dentro del llamado «caso Maricarmen», ya que el Ejecutivo no cuenta con la mayoría necesaria para su validación.
Desde la dirección posconvergente, liderada en la Cámara Baja por Míriam Nogueras, justifican el rechazo calificando los textos elaborados por Moncloa como una «chapucera» regulación. Además, critican que el Ejecutivo solo incluyó «cuatro pinceladas» del borrador y las propuestas enviadas semanas antes por la formación independentista, ignorando sus demandas de una mayor protección para los pequeños propietarios y el respeto al marco competencial autonómico.
«No aprobaremos una regulación que genera inseguridad jurídica, desprotege a los pequeños propietarios y no aborda con eficacia el problema del acceso a la vivienda», indicaron fuentes del grupo parlamentario.
Bloqueo en el Congreso y rechazo a la abstención
Con esta negativa confirmada, el Gobierno no consigue formar una mayoría viable. Junts descartó la abstención, que tampoco habría sido suficiente para convalidar los decretos, dado el equilibrio de votos entre el bloque de investidura y la oposición encabezada por el Partido Popular y Vox.
Este revés parlamentario detiene de forma directa el desarrollo del plan de contingencia sobre alquileres e intervención de precios diseñado por el Gabinete de Pedro Sánchez, y vuelve a abrir la disputa respecto a las garantías normativas del parque residencial y la estabilidad legislativa del Ejecutivo en el Congreso.
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MADRID.— Junts per Catalunya ha ratificado su decisión de votar «no» a los dos decretos ley sobre vivienda presentados por el Gobierno central para su convalidación parlamentaria. Esta postura del grupo soberanista afecta gravemente la iniciativa pactada entre el PSOE y Sumar dentro del llamado «caso Maricarmen», ya que el Ejecutivo no cuenta con la mayoría necesaria para su validación.
Desde la dirección posconvergente, liderada en la Cámara Baja por Míriam Nogueras, justifican el rechazo calificando los textos elaborados por Moncloa como una «chapucera» regulación. Además, critican que el Ejecutivo solo incluyó «cuatro pinceladas» del borrador y las propuestas enviadas semanas antes por la formación independentista, ignorando sus demandas de una mayor protección para los pequeños propietarios y el respeto al marco competencial autonómico.
«No aprobaremos una regulación que genera inseguridad jurídica, desprotege a los pequeños propietarios y no aborda con eficacia el problema del acceso a la vivienda», indicaron fuentes del grupo parlamentario.
Bloqueo en el Congreso y rechazo a la abstención
Con esta negativa confirmada, el Gobierno no consigue formar una mayoría viable. Junts descartó la abstención, que tampoco habría sido suficiente para convalidar los decretos, dado el equilibrio de votos entre el bloque de investidura y la oposición encabezada por el Partido Popular y Vox.
Este revés parlamentario detiene de forma directa el desarrollo del plan de contingencia sobre alquileres e intervención de precios diseñado por el Gabinete de Pedro Sánchez, y vuelve a abrir la disputa respecto a las garantías normativas del parque residencial y la estabilidad legislativa del Ejecutivo en el Congreso.
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Desde la dirección posconvergente, liderada en la Cámara Baja por Míriam Nogueras, justifican el rechazo calificando los textos elaborados por Moncloa como una «chapucera» regulación. Además, critican que el Ejecutivo solo incluyó «cuatro pinceladas» del borrador y las propuestas enviadas semanas antes por la formación independentista, ignorando sus demandas de una mayor protección para los pequeños propietarios y el respeto al marco competencial autonómico.
«No aprobaremos una regulación que genera inseguridad jurídica, desprotege a los pequeños propietarios y no aborda con eficacia el problema del acceso a la vivienda», indicaron fuentes del grupo parlamentario.
Bloqueo en el Congreso y rechazo a la abstención
Con esta negativa confirmada, el Gobierno no consigue formar una mayoría viable. Junts descartó la abstención, que tampoco habría sido suficiente para convalidar los decretos, dado el equilibrio de votos entre el bloque de investidura y la oposición encabezada por el Partido Popular y Vox.
Este revés parlamentario detiene de forma directa el desarrollo del plan de contingencia sobre alquileres e intervención de precios diseñado por el Gabinete de Pedro Sánchez, y vuelve a abrir la disputa respecto a las garantías normativas del parque residencial y la estabilidad legislativa del Ejecutivo en el Congreso.
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Desde la dirección posconvergente, liderada en la Cámara Baja por Míriam Nogueras, justifican el rechazo calificando los textos elaborados por Moncloa como una «chapucera» regulación. Además, critican que el Ejecutivo solo incluyó «cuatro pinceladas» del borrador y las propuestas enviadas semanas antes por la formación independentista, ignorando sus demandas de una mayor protección para los pequeños propietarios y el respeto al marco competencial autonómico.
«No aprobaremos una regulación que genera inseguridad jurídica, desprotege a los pequeños propietarios y no aborda con eficacia el problema del acceso a la vivienda», indicaron fuentes del grupo parlamentario.
Bloqueo en el Congreso y rechazo a la abstención
Con esta negativa confirmada, el Gobierno no consigue formar una mayoría viable. Junts descartó la abstención, que tampoco habría sido suficiente para convalidar los decretos, dado el equilibrio de votos entre el bloque de investidura y la oposición encabezada por el Partido Popular y Vox.
Este revés parlamentario detiene de forma directa el desarrollo del plan de contingencia sobre alquileres e intervención de precios diseñado por el Gabinete de Pedro Sánchez, y vuelve a abrir la disputa respecto a las garantías normativas del parque residencial y la estabilidad legislativa del Ejecutivo en el Congreso.














