El cantante solicita un acto previo de conciliación antes de presentar una querella criminal, tras las acusaciones realizadas por la vicepresidenta sobre supuestos abusos sexuales y «esclavitud», basadas en una investigación periodística.
El conflicto legal entre Julio Iglesias y el Gobierno de España ha alcanzado la vía judicial. El artista ha emprendido acciones legales contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, debido a unas declaraciones efectuadas en enero de 2026, donde se le atribuían «abusos en situación de esclavitud». La defensa del cantante, dirigida por el abogado penalista José Antonio Choclán, considera que estas manifestaciones constituyen un delito de injurias y calumnias.
El escrito de conciliación, requisito obligatorio antes de interponer una querella, pide que la vicepresidenta retracte públicamente sus palabras reconocidas como difamatorias y solicitan una compensación económica por los daños causados a la reputación del cantante.
El origen del conflicto: una publicación en redes sociales y una entrevista
La disputa judicial se basa en dos intervenciones de Yolanda Díaz realizadas tras una investigación publicada por elDiario.es con supuestos testimonios de exempleadas en las propiedades del cantante:
- 13 de enero de 2026: Díaz difundió un mensaje en la red social Bluesky calificando de «escalofriantes» los relatos y atribuyendo al cantante una «estructura de poder basada en la agresión continua».
- 14 de enero de 2026: En una entrevista para La Hora de la 1 (RTVE), la vicepresidenta afirmó que el caso implicaba «todas las vulneraciones de derechos humanos» y propuso al Ministerio de Cultura la retirada de la Medalla de Oro a las Bellas Artes otorgada a Julio Iglesias.
Argumentos de la defensa: falta de pruebas y juicio paralelo
El equipo jurídico de Julio Iglesias sostiene que Yolanda Díaz ha faltado a su deber institucional al no respetar la presunción de inocencia, al presentar a las denunciantes como «víctimas» y al cantante como «abusador» sin existir diligencias judiciales o sentencias que lo confirmen.
«La vicepresidenta utiliza un caso sin acreditación ni proceso judicial para generalizar una situación de ‘maltrato sistémico’, incumpliendo su obligación de respetar el derecho al honor de los ciudadanos», señala el escrito de defensa.
Además, los abogados critican que Díaz haya politizado el asunto al reprochar públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no condenar con firmeza los hechos desde un primer momento.
Posibles consecuencias
Si Yolanda Díaz no acepta realizar la rectificación durante el acto de conciliación, la defensa de Julio Iglesias podrá formalizar la querella por calumnias e injurias con publicidad. Este caso pone en debate los límites de la libertad de expresión de altos cargos del Estado en relación con procesos judiciales que aún no han sido juzgados.
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