Un informe de la Guardia Civil expone el sistema de contratos fragmentados en las obras del puente de Sevilla. La empresa Servinabar, ligada al exsecretario de Organización del PSOE, recibió casi 1,8 millones de euros, con Antonio Muñoz Cano como único trabajador presencial documentado en la adjudicación.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el contexto de la investigación relacionada con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha evidenciado un sistema complejo de adjudicaciones irregulares en las obras del Puente del Centenario de Sevilla.
El informe policial indica que la empresa Servinabar, vinculada al entorno del político y a Antxón Alonso, empresario conectado con la trama, obtuvo casi 1,8 millones de euros en subcontratos vinculados a esta obra, cuya adjudicación principal alcanzó los 84,9 millones.
Un dato relevante de la investigación señala que, para justificar la elevada facturación de Servinabar, la compañía solo registró un trabajador presencial: Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, contratado como «peón especialista».
Fragmentación de contratos y pagos opacos
La UCO describe que el beneficio de Servinabar se fundamentó en un «Memorándum de Entendimiento» firmado en 2018. Este acuerdo garantizaba a la empresa una comisión del 2% sobre cada obra adjudicada a la constructora principal, Acciona, en el ámbito del Puente del Centenario. Esta modalidad permitió fraccionar los contratos y evitar los procesos de licitación pública habituales.
Los ingresos se efectuaron mediante al menos 21 facturas desde 2020, con conceptos deliberadamente imprecisos, tales como «ayudas servicios varios», «topografía» o «seguridad y salud». Los investigadores señalan que esta vaguedad dificulta comprobar la prestación efectiva de los servicios, especialmente cuando algunas facturas correspondientes a trabajos en la obra se registraron en fechas anteriores a su realización.
Esta investigación se suma a la línea del caso Koldo, que ya señalaba la influencia de Santos Cerdán en las obras públicas y su vinculación con el entramado empresarial bajo sospecha.
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