Una documentación interna indica que el entonces subdirector general de Centros de Secundaria de la Comunidad de Madrid manifestó formalmente su desacuerdo con los métodos empleados en la contratación vinculada al llamado caso FP. Este funcionario, que se jubiló en septiembre, dejó constancia escrita de su “oposición” y solicitó que se cumpla estrictamente la ley de contratos del sector público ante el riesgo de que se vulnerase la legalidad en las adjudicaciones.
Los documentos muestran que el exfuncionario expresó su inquietud acerca del modo en que se procesaban ciertos contratos relacionados con la Formación Profesional, advirtiendo que podrían no respetar el marco legal. En su comunicación interna, enfatizaba la importancia de ajustarse a la normativa vigente para evitar decisiones que pudieran comprometer la legalidad administrativa.
El caso FP, que indaga sobre supuestas irregularidades en la gestión de fondos destinados a centros de Formación Profesional, ha provocado fricciones dentro del Ejecutivo regional. La revelación de estas alertas internas añade un nuevo elemento a la controversia vinculada a la gestión pública en Madrid.
