Este miércoles, París vivió una jornada de gran tensión en la que aproximadamente 200 personas fueron detenidas en distintas regiones del país durante las manifestaciones convocadas por el movimiento ’10 de septiembre’. Bajo el lema ‘¡Bloqueemos todo!’, los manifestantes pretenden paralizar la nación, retomando la estrategia empleada por los Chalecos Amarillos hace siete años.
El gobierno francés movilizó a 80.000 agentes policiales para supervisar hasta 600 posibles acciones de bloqueo y alteraciones. En la capital, 132 personas fueron arrestadas, mientras que Marsella y Nantes se convirtieron en los principales escenarios de cierres viales y actos vandálicos.
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El ambiente social se ha visto tensado tras la reciente presentación del presupuesto de austeridad por parte de François Bayrou, que incluye recortes sociales por valor de 43.800 millones de euros y elimina dos días festivos. Además, la renuncia del primer ministro ha provocado una serie de protestas previas en los ayuntamientos de las principales urbes.
El ministro del Interior, Bruno Retailleau, denunció que sectores de la extrema izquierda han tomado el control del movimiento nacido en redes sociales y advirtió sobre la presencia de grupos violentos que podrían agravar los incidentes. En contraste, Jean-Luc Mélenchon, dirigente de La Francia Insumisa, afirmó que los ciudadanos tienen ‘el derecho constitucional a manifestar pacíficamente’ y negó respaldar cualquier tipo de violencia.
El movimiento 10 de septiembre aspira a un paro nacional que incluye huelgas en comercios, servicios públicos y transporte, además de bloqueos en calles, carreteras y refinerías, siguiendo el ejemplo de los Chalecos Amarillos que en 2018 movilizaron a más de tres millones de franceses y dejaron miles de heridos y detenidos.
Simultáneamente, la tensión política aumenta con una moción de destitución contra el presidente Emmanuel Macron, presentada por 86 diputados, en su mayoría de La Francia Insumisa, quienes lo acusan de actuar como un autócrata y de vulnerar la Constitución. Aunque este procedimiento está contemplado legalmente, sus posibilidades de éxito son bajas.
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