La decisión de Alberto Núñez Feijóo de no asistir al acto oficial de apertura del Año Judicial ha aumentado la tensión entre el Ejecutivo y el principal partido opositor. El presidente del PP justificó su ausencia argumentando que no desea legitimar la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está siendo procesado por el Tribunal Supremo, mientras desde Moncloa interpretan su ausencia como un movimiento motivado por el temor a las críticas de Vox.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, comentó que esta actitud representa una «falta grave de respeto al Rey, al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial y a las carreras judicial y fiscal». Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue más contundente al señalar que Feijóo carece de la «institucionalidad necesaria» para liderar España.
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Por otro lado, representantes cercanos al líder del PP defienden que esta postura es «coherente» y fue informada previamente al Consejo General del Poder Judicial. Feijóo explicó en un acto en Guadalajara que su intención no es rechazar al Rey, sino evitar validar que el fiscal general se dirija a los jueces que aún deben decidir si se le procesa o no. Añadió que cualquier demócrata debería denunciar esta situación, por lo que decidió ausentarse.
Sin embargo, desde Moncloa consideran que la ausencia del dirigente popular responde más a una estrategia política que a una defensa real de la independencia judicial. Fuentes del Ejecutivo alertaron que «seguir fortaleciendo a Vox podría acarrear problemas muy serios para el país».
Esta controversia se desarrolla en un contexto complicado, tras las críticas expresadas por el presidente del Gobierno hacia ciertos jueces y con un fiscal general procesado que ejerce de anfitrión en esta ceremonia presidida por Felipe VI.
Mientras tanto, Génova reafirma que su compromiso con la Corona y la independencia judicial «no está en duda», y señala que la verdadera anomalía no es la ausencia de Feijóo, sino la participación del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, el órgano encargado próximamente de juzgarlo.
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