El Partido Popular ha intensificado su crítica política hacia Pedro Sánchez tras la confirmación de que su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, enfrentarán un juicio. La dirección del PP en Génova sostiene que el presidente se mantiene en el poder para asegurar su protección judicial y que aprovecha las instituciones del Estado para su propio beneficio.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, calificó este miércoles en una rueda de prensa en el Congreso la situación que rodea al Ejecutivo como un “entorno de presunta corrupción”. Consideró que Sánchez carece de legitimidad para representar al Parlamento y pidió su dimisión inmediata.
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Estas declaraciones se produjeron tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez por un supuesto delito de malversación. Además, el proceso judicial contra David Sánchez contribuye a agravar, según el PP, la crisis política que enfrenta el Gobierno.
Feijóo afirmó que el avance de la agenda judicial relacionada con el Gobierno, el partido y la familia del presidente es insostenible, con escándalos que se suceden casi a diario. Acusó a Sánchez de refugiarse en el poder para detener lo que definió como un “ataque familiar”.
El líder del Partido Popular también criticó a los socios parlamentarios del PSOE por continuar apoyando al presidente a pesar de que, en su opinión, ningún gobierno democrático podría tolerar que dos familiares directos de su líder estén involucrados en procesos judiciales.
Además, Feijóo demandó la renuncia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en relación con el caso de las pulseras contra la violencia de género, y solicitó también la salida del ministro de Justicia, Félix Bolaños, o del titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Subrayó que uno de ellos debe dimitir y advirtió que si no lo hacen, Sánchez será igualmente responsable.
En su intervención, el presidente del PP criticó la respuesta del Ejecutivo a las críticas, indicando que optan por lanzar “insultos” en lugar de proporcionar explicaciones. También señaló acciones atribuidas al Gobierno como “negligencia, falta de interés, ocultación, repetición de errores y mala intención”.
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