La ex secretaria general técnica durante la gestión de Ábalos declara ante el tribunal que su función no comprendía la gestión directa de las adjudicaciones, aunque reconoce haber recibido el material.
El juicio sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia ha dado un giro tras la declaración de Angélica Martínez Ortega. La ex secretaria general técnica del Ministerio de Transportes ha desvinculado su labor de la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, empresa asociada a Víctor de Aldama.
«No estaba a cargo de la contratación»
En un interrogatorio que implicó un cambio notable en la estrategia del tribunal, Martínez Ortega negó participar en las decisiones operativas relacionadas con las compras de 2020. A pesar de su posición relevante en la estructura de dirección bajo José Luis Ábalos, afirmó: “La contratación no era de mi responsabilidad”.
Sin embargo, la exdirectiva no descartó haber recibido correos electrónicos vinculados a dichas compras debido a la carga administrativa que implicaban esos meses, aunque aseguró no haber intervenido en la selección de proveedores.
Falta de conocimiento sobre la experiencia de la empresa
Un punto relevante en su testimonio fue la idoneidad de la empresa de Aldama, quien enfrenta una petición de siete años de prisión. Sobre si conocía la experiencia previa de Soluciones de Gestión en el sector sanitario, Martínez Ortega indicó que no tenía conocimiento alguno.
A pesar de las dudas en torno al proceso de selección, quiso dejar claro un aspecto logístico:
“Tengo constancia de que las mascarillas adquiridas fueron recibidas”.
La emergencia sanitaria y la presión institucional
Para situar su declaración, Martínez Ortega describió la gran presión bajo la que funcionaba el Ministerio durante 2020. Explicó que la normativa vigente autorizaba la tramitación de emergencia, un procedimiento legal que agilizó las compras para responder a la crisis del coronavirus, complementado con mecanismos de contratación centralizada que facilitaron la distribución del material posteriormente.
Con esta intervención, la defensa busca resaltar que, aunque los procesos se aceleraron por la situación extraordinaria, se respetaron los marcos legales excepcionales impuestos por la pandemia, mientras que la justicia continúa investigando posibles favores o comisiones ilegales vinculadas a estos contratos.
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