España impulsa en la UE la prohibición de la fabricación y uso de las llamadas ‘narcolanchas’

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, utilizó la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, que tuvo lugar el lunes en París, para destacar la necesidad de que Europa prohíba totalmente las embarcaciones de alta velocidad relacionadas con el narcotráfico. Junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños, Marlaska propuso que la legislación española sirva de modelo para la Estrategia de Drogas de la Unión Europea 2026-2030.

España como modelo a seguir

Desde la prohibición en España del uso privado y tenencia de embarcaciones semirrígidas en 2018, las incautaciones se han multiplicado notablemente, aumentando de 22 vehículos intervenidos ese año a cerca de 1.700 en el último periodo registrado.

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• Objetivo: Limitar en todo el territorio comunitario no solo el uso, sino también la fabricación, posesión y tripulación de embarcaciones rápidas (go-fast) y semisumergibles.
• Penas de prisión: Madrid solicita que los países europeos incorporen en sus normativas penales sanciones por la sola posesión de este tipo de naves, como establece la legislación española.

Aspectos esenciales de la iniciativa: «Es imprescindible actuar con mayor determinación contra quienes facilitan la logística que sostiene la actividad de estas redes», destacó el ministro, subrayando también la importancia de perseguir el repostaje de combustible en alta mar o ‘petaqueo’.

Control a la logística delictiva

La propuesta española abarca más allá de las embarcaciones. La delegación enfatizó dos áreas clave para desarticular las organizaciones internacionales:

1. Nodos logísticos: Mejorar la seguridad marítima a través de la Alianza Europea de Puertos para impedir que el crimen organizado aproveche infraestructuras legales.
2. Protección a la juventud: El ministro Bolaños resaltó la urgencia de detener la captación de menores por las mafias, calificándola como una prioridad máxima.

Finalmente, Marlaska solicitó formalmente la incorporación de Portugal a esta coalición de países contra el crimen organizado (que ya incluye a Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Suecia), argumentando la importancia estratégica de Portugal como puerta de entrada al Atlántico.