El Gobierno español realiza gestiones de última hora en Bruselas con el objetivo de suavizar o retrasar la aprobación de la nueva Ley de Ciberseguridad de la Unión Europea. Esta normativa impondría el veto progresivo a proveedores tecnológicos chinos considerados de “alto riesgo”, como Huawei y ZTE, en infraestructuras críticas.
Fuentes comunitarias indican que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende evitar que el reglamento sea tan riguroso que obligue a retirar totalmente equipos chinos en sectores estratégicos como la sanidad, la energía y las telecomunicaciones. Estas gestiones diplomáticas ocurren a pocos días de la presentación formal del borrador, originalmente prevista para el 14 de enero, que podría aplazarse hasta el 21 de enero debido a las objeciones de España y otros países aliados, entre ellos Alemania.
España sostiene que la normativa vigente sobre ciberseguridad y 5G satisface las directrices de la UE, a pesar de las reiteradas advertencias desde Bruselas acerca de la fuerte dependencia de proveedores chinos en redes críticas, especialmente en tecnología 5G y sistemas sensibles de datos. A diferencia de Alemania, que ha avanzado en la desconexión de estos suministradores, Madrid ha renovado contratos con Huawei, incluyendo la custodia de datos de la Guardia Civil, manteniendo además una proporción significativa del despliegue 5G en manos de este fabricante.
La nueva ley europea, promovida por la Comisión para fortalecer la soberanía tecnológica y la ciberseguridad del continente, plantea reglas obligatorias para que los Estados miembros eliminen de forma gradual tecnologías consideradas de alto riesgo, incluyendo hardware y software procedente de China, Rusia e Irán. España y otros gobiernos advierten del impacto económico que podría tener su aplicación para operadoras como Vodafone, Telefónica o MasOrange, que siguen utilizando equipamiento chino en sus redes.
Asimismo, Bruselas propone que la normativa modernice el rol de la agencia europea de ciberseguridad ENISA, establezca normas de certificación estandarizadas y simplifique las regulaciones digitales actuales, abarcando desde componentes de telecomunicaciones hasta sistemas críticos de inteligencia artificial. El debate se intensifica mientras la UE ya había planteado medidas para excluir a fabricantes como Huawei y ZTE del 5G, debido a sus supuestos vínculos con intereses estatales que comprometen la seguridad europea.
Fuentes comunitarias consultadas señalan que España y Alemania son los países que ejercen mayor presión para flexibilizar la legislación, dados los posibles impactos económicos y estructurales en sus mercados y operadores de telecomunicaciones. En el entorno comunitario persiste la división sobre los tiempos y el alcance de las obligaciones de retirada, sin un acuerdo definitivo respecto a cómo y cuándo eliminar completamente a los proveedores de alto riesgo.
Aspectos clave del veto a proveedores chinos
- Retirada gradual de equipos de Huawei y ZTE en infraestructuras críticas.
- Fortalecimiento de la soberanía tecnológica y protección frente a amenazas externas.
- Consecuencias económicas para operadores que todavía dependen de tecnología china.
- Actualización del papel de ENISA en ciberseguridad y certificaciones.
- Debate político y técnico entre los 27 Estados miembros para establecer plazos y excepciones.
La iniciativa diplomática de España para suavizar o demorar la nueva Ley de Ciberseguridad refleja las tensiones internas en la Unión Europea al buscar un equilibrio entre la seguridad tecnológica, la realidad económica y la dependencia de proveedores chinos. Mientras Bruselas impulsa una normativa más rigurosa que limite la presencia de equipos de alto riesgo como los de Huawei y ZTE, Madrid y otros países intentan moderar el efecto que esta transición tendría sobre sus operadores y mercados tecnológicos.
