El Ministerio del Interior informa que en 2025, la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso de estos inmovilizadores eléctricos en 154 ocasiones. Hasta marzo de este año, se registraron 31 intervenciones, manteniendo una dinámica similar.
MADRID – Los dispositivos electrónicos de control, comúnmente llamados pistolas Taser, se han establecido como un recurso habitual en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según los datos oficiales que el Ministerio del Interior facilitó en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, el pasado año se utilizó este tipo de arma aproximadamente una vez cada 57 horas.
En total, durante 2025 se documentaron 154 usos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. El ritmo de empleo no muestra signos de reducción en 2026: en los primeros 77 días (hasta el 19 de marzo), ya se han registrado 31 activaciones, manteniéndose una frecuencia muy parecida a la del año anterior.
Incremento en la dotación
Actualmente, la Policía Nacional dispone de 3.000 inmovilizadores eléctricos, con el objetivo de llegar a 3.500 unidades para 2028. La Guardia Civil también ha incorporado estos dispositivos en su equipamiento estándar para situaciones de alta tensión, en las cuales el uso de armas de fuego sería desproporcionado y la fuerza física no suficiente.
El reglamento especifica que estos dispositivos lanzan dardos que transmiten una descarga eléctrica, la cual bloquea temporalmente la comunicación entre cerebro y músculos, incapacitando al individuo momentáneamente. Interior subraya la obligatoriedad de realizar una revisión médica a la persona tras cada uso para descartar posibles lesiones graves.
Supervisión y debate
La publicación de estos datos coincide con el reciente cierre judicial del proceso que investigaba el fallecimiento de Haitam Mejri, un hombre de 35 años que murió en diciembre en Torremolinos tras una detención en la que se emplearon pistolas eléctricas. Aunque el tribunal no encontró indicios de delito en este caso, organizaciones como Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo han expresado su preocupación.
El Defensor del Pueblo ha advertido en varios informes sobre el riesgo de un «uso excesivo» de estos dispositivos y ha recordado que, aunque se consideran «no letales», pueden ocasionar dolores y sufrimiento importantes. Por ello, insisten en la necesidad de que todas las intervenciones se graben con cámaras corporales para asegurar que estos dispositivos se utilicen únicamente como último recurso, respetando siempre los principios de proporcionalidad y necesidad.
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