El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto para los nacionalizados bajo la conocida como ‘ley de nietos’, tras identificar «irregularidades significativas» en el censo de españoles residentes en el exterior (CERA). Esta medida se aplicará en las elecciones del 29 de noviembre, por considerar que dichas irregularidades podrían influir en los resultados electorales.
En una resolución emitida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se enfatiza la importancia de respetar el mandato legal de la disposición adicional octava 1 de la ley de memoria democrática. Esta norma protege el derecho al voto de los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación e identidad sexual, siempre dentro de los límites y condiciones que establece la ley.
Irregularidades en el censo CERA
El tribunal ha detectado indicios de irregularidades en la composición del CERA, especialmente en la inclusión de personas que no demostraron la condición de exiliados de sus antecesores. Esta situación se originó tras una instrucción del Ministerio de Justicia del 25 de octubre de 2022, que permitía omitir dicha acreditación para emigraciones ocurridas entre el 18 de julio de 1936 y diciembre de 1955.
Según la Abogacía del Estado, solo 901 de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española por este procedimiento acreditaron que sus ascendientes eran exiliados. En el Consulado General de España en Buenos Aires, 17.775 individuos recibieron la nacionalidad sin que ningún expediente contuviera prueba de exilio, según certificación del cónsul general.
Impacto en las elecciones
El auto del Tribunal Supremo señala que los nacionalizados por esta vía están distribuidos en todas las circunscripciones electorales del país. Esto representa un riesgo considerable de que su participación pueda comprometer la integridad y transparencia del proceso electoral y afectar los resultados de las elecciones del 29 de noviembre.
El tribunal recalca que el censo electoral debe incluir únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales. El derecho al voto no es absoluto y está condicionado por las disposiciones de la ley electoral. La Sala Tercera del Tribunal Supremo reafirma la necesidad de garantizar un proceso electoral limpio y conforme a la legalidad, desde la elaboración del censo hasta el recuento final.
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