El Tribunal Supremo ha confirmado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García serán juzgados por esta causa en su sede. La Sala de lo Penal ha decidido conservar la competencia del caso, rechazando las solicitudes de las defensas que pedían que el procedimiento se remitiera a la Audiencia Nacional. Así, la vista oral comenzará previsiblemente en abril, impidiendo que los acusados retrasen el proceso.
Desestimación de las cuestiones previas
Según fuentes jurídicas, el tribunal desestimó las peticiones presentadas en la audiencia preliminar del 12 de febrero. Las defensas de Ábalos y García habían reiterado su petición de que la causa se trasladase a la Audiencia Nacional, argumentando que dicho órgano era competente para la investigación. No obstante, el Supremo mantuvo la jurisdicción y el calendario originalmente establecido para uno de los juicios más significativos del año.
Penas solicitadas y la colaboración de Víctor de Aldama
La Fiscalía y las acusaciones mantienen una postura contundente contra los principales implicados en la presunta red de comisiones ilegales durante la etapa más crítica de la pandemia:
- José Luis Ábalos: El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para el exministro.
- Koldo García: Se solicita para el exasesor una pena de 19 años y medio de cárcel.
- Acusaciones particulares: Algunas de las partes personadas en el caso reclaman hasta 30 años de prisión para ambos.
En cambio, para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, la petición es distinta. Se solicitan solo 7 años de prisión, una reducción significativa justificada por su cooperación con la Fiscalía tras admitir los hechos. Su declaración será fundamental en la acusación durante el juicio que comenzará en breve.
Próximo juicio
Con esta resolución, el Supremo agiliza la finalización de la instrucción. Al no remitir el caso a la Audiencia Nacional, se evita un retraso que habría pospuesto la vista oral varios meses. En abril, el tribunal abordará el supuesto entramado de adjudicaciones irregulares relacionadas con material sanitario que afectó al Ministerio de Transportes en 2020.
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