El exministro afronta solicitudes de prisión de hasta 30 años en un juicio con 100 testigos que examinará supuestas mordidas y contratos irregulares en la trama de las mascarillas
El martes 7 de abril de 2026, el Tribunal Supremo dará inicio a uno de los procesos judiciales con mayor repercusión política y mediática reciente. La Sala Segunda juzgará al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto a su antiguo asesor, Koldo García, y al comisionista Víctor de Aldama. Esta vista oral, que se prolongará hasta el 30 de abril, tiene como objetivo determinar las responsabilidades penales de una red presuntamente implicada en la adjudicación fraudulenta de contratos sanitarios durante el pico de la pandemia de Covid-19.
Ábalos y García comparecen desde la prisión de Soto del Real, donde están detenidos preventivamente debido al riesgo de fuga, dados los elevados años de prisión solicitados. La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años para el exministro, mientras que las acusaciones populares elevan la pena a 30 años.
Los tres pilares del proceso
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha delimitado el alcance de los hechos a juzgar en estas 13 sesiones, dejando fuera otras investigaciones paralelas en la Audiencia Nacional. Los aspectos fundamentales son:
1. El acuerdo con Soluciones de Gestión: Se indaga cómo Víctor de Aldama empleó información privilegiada para que entidades bajo Transportes (Puertos del Estado y Adif) adjudicaran contratos por más de 36 millones de euros a su empresa, empleando estos contratos como garantía para obtener otros 16 millones en Canarias, Baleares e Interior.
2. Los pagos mensuales ilegales: La investigación señala que Aldama entregaba 10.000 euros en efectivo cada mes a Koldo García, que presuntamente los compartía con Ábalos.
3. Beneficios personales: El juicio analizará el pago de alquileres de residencias de alto nivel en Madrid para el exministro y personas vinculadas, así como el supuesto nombramiento laboral de dos mujeres relacionadas con Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
Testigos relevantes y ausencias destacadas
Está prevista la declaración de 100 personas, aunque algunas de las intervenciones más relevantes serán por escrito. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, presentarán sus testimonios de esta forma, evitando comparecer presencialmente debido a sus cargos.
En cambio, deberán comparecer el exsubdirector de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y otros responsables técnicos que gestionaron las compras en situación de emergencia. Un reto jurídico será la declaración de testigos que también están imputados en la Audiencia Nacional, como Isabel Pardo de Vera, quienes podrán ejercer su derecho a no declarar para evitar la autoincriminación.
Aspectos excluidos de este juicio
Es esencial aclarar que el Supremo no abordará la llamada «trama Cerdán» ni los supuestos pagos en efectivo al PSOE que se investigan en la Audiencia Nacional. Su competencia se limitará a la vertiente relacionada con el Ministerio de Transportes y los posibles beneficios directos para el círculo más cercano a Ábalos.
Una vez concluido el juicio en abril, el Tribunal determinará si existió un «concierto de voluntades» para obtener beneficios ilícitos por valor de 50 millones de euros en material sanitario y si las actuaciones de Ábalos para rescatar a Air Europa o favorecer a empresas de hidrocarburos como Villafuel constituyeron delitos de cohecho, prevaricación o tráfico de influencias.
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