El proceso judicial que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en su fase final y la sentencia se emitirá este jueves tras la presentación de los informes conclusivos por parte de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa.
Este caso es histórico, siendo la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. Se le imputa un delito de revelación de secretos relacionado con un controvertido correo electrónico enviado el 2 de febrero, en el que se admiten delitos fiscales cometidos por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su declaración, García Ortiz negó ser el remitente del correo y sostuvo su inocencia, afirmando que “la verdad no se filtra, se defiende”, mostrando así su confianza en quedar exonerado.
El miércoles, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, estableció que cada acusación y el Ministerio Fiscal dispondrán de entre 30 y 45 minutos para sus conclusiones, mientras que la defensa tendrá el tiempo necesario para exponer sus argumentos.
Las partes en el proceso incluyen no solo al fiscal general, sino diversas organizaciones y asociaciones que han presentado acusaciones populares. Entre los acusadores está Alberto González Amador, quien ejerce como parte afectada. También participan seis acusaciones populares, entre ellas la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), además de grupos como Manos Limpias y Vox.
En las sesiones anteriores, todas las acusaciones ratificaron sus solicitudes, salvo Manos Limpias que redujo su petición de cuatro a tres años de prisión, al considerar una atenuante por posible vulneración del secreto sumarial que podría afectar el derecho de defensa de González Amador.
Otras acusaciones mantuvieron sus solicitudes, que oscilan entre tres y seis años de prisión, además de pedir inhabilitación y multas por los delitos de revelación de secretos, prevaricación y, subsidiariamente, por la infidelidad en la custodia de documentos. Estas demandas reflejan la gravedad de los cargos que afronta el fiscal general.
Por su parte, la Fiscalía y la defensa, representada por la Abogacía del Estado, solicitaron la absolución, argumentando ausencia de pruebas suficientes para sostener las imputaciones.
Tras las presentaciones, los siete magistrados del tribunal deliberarán y emitirán la sentencia, que se espera se haga pública a finales de año, concluyendo un episodio relevante en la historia judicial de España.
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