El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado levantar temporalmente el bloqueo que un tribunal de distrito había impuesto a la edificación de un segmento del muro fronterizo impulsado por la Administración del presidente Donald Trump en el área de Big Bend, Texas. Esta medida posibilita la continuación inmediata de las obras.
La decisión del máximo tribunal, adoptada en una resolución ‘per curiam’ que refleja la opinión del tribunal en pleno, contó con el voto discrepante de la jueza Ketanji Brown Jackson. El Supremo aceptó la solicitud urgente del Departamento de Justicia para revocar la suspensión emitida en octubre pasado por una corte federal de Texas, tras la presentación de una demanda por parte de grupos ecologistas y habitantes de la zona.
Controversia sobre exenciones medioambientales
La disputa gira en torno a la potestad del secretario de Seguridad Nacional para aplicar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA), que permite sortear regulaciones ambientales con el fin de acelerar la construcción en «áreas de alta entrada ilegal». El tribunal texano detuvo dichas exenciones aprobadas por la Administración, argumentando que carecían de una «autorización explícita del Congreso».
Sin embargo, el Supremo falló a favor del Ejecutivo al considerar que «es muy probable que prospere su argumento de que el tribunal de distrito no tenía jurisdicción» para examinar la demanda. Según el Tribunal, la ley restringe el control judicial a reclamaciones que atañen exclusivamente a cuestiones constitucionales, y las demandas sobre exceso de autoridad legal «no constituyen reclamaciones constitucionales».
Consecuencias económicas y medioambientales
El Tribunal Supremo también estima que el balance de perjuicios favorece al Gobierno, dado que la paralización impide avanzar en sus «intereses urgentes» relacionados con la seguridad fronteriza y genera un gasto diario cercano a medio millón de dólares que «no puede recuperarse».
Respecto al daño ambiental y recreativo alegado por los demandantes, el fallo señala que el Congreso ya definió una «preferencia clara por la construcción ágil» frente a tales daños al momento de redactar la ley, una ponderación que los tribunales «no pueden desechar discrecionalmente».
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