Los jueces descartan la imputación contra el exlíder socialista Miguel Ángel Gallardo por el nombramiento de un tercero, aunque rechazan la anulación completa del procedimiento solicitada por las defensas.
La Audiencia Provincial de Badajoz, que juzga desde el pasado jueves a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a otras diez personas acusadas de presuntas irregularidades en la Diputación de Badajoz, resolvió este lunes extinguir por prescripción la responsabilidad penal de Sánchez en relación con el delito de aceptación de nombramiento ilegal.
José Antonio Patrocinio, presidente de la sala, comunicó oficialmente esta decisión durante la sesión matinal: “Declaramos extinguido por prescripción el delito de aceptación indebida de nombramiento en el ámbito subjetivo del juicio”. Esta resolución se adoptó tras aceptar la petición planteada por la defensa de David Sánchez en la fase de cuestiones previas, postura que contó también con el apoyo explícito de la Fiscalía, que abogaba por la absolución total de todos los acusados en el proceso.
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Con esta decisión, la situación de David Sánchez se aliviana parcialmente. Inicialmente, afrontaba posibles penas de hasta tres años de prisión por dos delitos supuestos de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación administrativa, más el delito de aceptación de nombramiento ilegal, que ahora ha sido declarado prescrito. Este último delito, considerado el menos grave dentro de la acusación, implicaba únicamente sanciones económicas.
Cambios en la imputación contra Miguel Ángel Gallardo
La decisión judicial también ha afectado a la defensa del exdirigente socialista extremeño y expresidente provincial, Miguel Ángel Gallardo. Los magistrados han decidido excluir del procedimiento una de las principales acusaciones formuladas en su contra por las acusaciones populares, que solicitaban una condena de tres años de prisión.
Concretamente, Gallardo ya no será juzgado por su supuesta implicación en la contratación en diciembre de 2023 de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez. El tribunal consideró —en consonancia con los argumentos de su defensa y del Ministerio Fiscal— que esta acusación fue presentada de manera inesperada, una vez que Gallardo ya había declarado como investigado, sin que se haya cumplido el trámite formal de volver a citarlo para que pudiera ejercer su derecho a defenderse. Esta situación fue interpretada por los jueces como una seria vulneración del derecho constitucional a la defensa, lo que ha reducido a la mitad la pena global solicitada para Gallardo, que queda fijada en un año y medio de prisión.
Rechazo unánime a la anulación de las actuaciones
A pesar de estas modificaciones y exoneraciones parciales, el tribunal ha rechazado de forma categórica la solicitud conjunta realizada por las defensas de todos los acusados para anular completamente la causa. Los abogados defendían de manera unánime que la investigación se había basado en una “indagación prospectiva”, un tipo de instrucción genérica sin indicios previos que está expresamente prohibida por la legislación española. Asimismo, criticaron la autorización a la Guardia Civil para intervenir masivamente los correos electrónicos de altos cargos y empleados de la Diputación de Badajoz.
Siguiendo el criterio de la Fiscalía y respaldando el trabajo de la jueza Beatriz Biedma, la Audiencia Provincial de Badajoz concluyó que no existió dicha investigación prospectiva ni se vulneraron derechos fundamentales en el acceso a los correos electrónicos corporativos. Finalizada la resolución de estas cuestiones previas, el tribunal inició la siguiente fase del proceso, comenzando con el interrogatorio de los testigos citados.
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