El Tribunal de Cuentas ha decidido archivar la denuncia presentada por el PSOE madrileño contra la Comunidad de Madrid por el sistema de facturación entre hospitales ligado a la libre elección de centro sanitario. El órgano fiscalizador concluye que no se ha demostrado responsabilidad contable, perjuicio a las arcas públicas ni condonación de deuda a Quirón y Ribera Salud.
La denuncia fue interpuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien pidió investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento giraba en torno al denominado sistema de facturación intercentros, que se emplea cuando un paciente elige ser atendido en un hospital distinto al asignado según su área de residencia.
El PSOE argumentaba que este sistema podría haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por ende, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar. Tampoco observa un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución también descarta que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica haya renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición adoptada durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, quienes solicitaron el cierre de las actuaciones al no detectar responsabilidad contable.
Desde un principio, el Gobierno regional ha afirmado que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente debía reclamar a las concesionarias.
Esta resolución representa un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Con el archivo del procedimiento, el Tribunal de Cuentas cierra la investigación sobre la facturación entre hospitales y concluye, según la resolución, que la actuación analizada no causó perjuicio económico a las arcas públicas madrileñas.
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La denuncia fue interpuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien pidió investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento giraba en torno al denominado sistema de facturación intercentros, que se emplea cuando un paciente elige ser atendido en un hospital distinto al asignado según su área de residencia.
El PSOE argumentaba que este sistema podría haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por ende, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar. Tampoco observa un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución también descarta que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica haya renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición adoptada durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, quienes solicitaron el cierre de las actuaciones al no detectar responsabilidad contable.
Desde un principio, el Gobierno regional ha afirmado que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente debía reclamar a las concesionarias.
Esta resolución representa un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Con el archivo del procedimiento, el Tribunal de Cuentas cierra la investigación sobre la facturación entre hospitales y concluye, según la resolución, que la actuación analizada no causó perjuicio económico a las arcas públicas madrileñas.
El Tribunal de Cuentas ha decidido archivar la denuncia presentada por el PSOE madrileño contra la Comunidad de Madrid por el sistema de facturación entre hospitales ligado a la libre elección de centro sanitario. El órgano fiscalizador concluye que no se ha demostrado responsabilidad contable, perjuicio a las arcas públicas ni condonación de deuda a Quirón y Ribera Salud.
La denuncia fue interpuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien pidió investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento giraba en torno al denominado sistema de facturación intercentros, que se emplea cuando un paciente elige ser atendido en un hospital distinto al asignado según su área de residencia.
El PSOE argumentaba que este sistema podría haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por ende, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar. Tampoco observa un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución también descarta que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica haya renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición adoptada durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, quienes solicitaron el cierre de las actuaciones al no detectar responsabilidad contable.
Desde un principio, el Gobierno regional ha afirmado que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente debía reclamar a las concesionarias.
Esta resolución representa un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
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La denuncia fue interpuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien pidió investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento giraba en torno al denominado sistema de facturación intercentros, que se emplea cuando un paciente elige ser atendido en un hospital distinto al asignado según su área de residencia.
El PSOE argumentaba que este sistema podría haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por ende, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar. Tampoco observa un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución también descarta que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica haya renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición adoptada durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, quienes solicitaron el cierre de las actuaciones al no detectar responsabilidad contable.
Desde un principio, el Gobierno regional ha afirmado que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente debía reclamar a las concesionarias.
Esta resolución representa un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Con el archivo del procedimiento, el Tribunal de Cuentas cierra la investigación sobre la facturación entre hospitales y concluye, según la resolución, que la actuación analizada no causó perjuicio económico a las arcas públicas madrileñas.
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La denuncia fue interpuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien pidió investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento giraba en torno al denominado sistema de facturación intercentros, que se emplea cuando un paciente elige ser atendido en un hospital distinto al asignado según su área de residencia.
El PSOE argumentaba que este sistema podría haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por ende, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar. Tampoco observa un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución también descarta que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica haya renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición adoptada durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, quienes solicitaron el cierre de las actuaciones al no detectar responsabilidad contable.
Desde un principio, el Gobierno regional ha afirmado que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente debía reclamar a las concesionarias.
Esta resolución representa un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
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La denuncia fue interpuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien pidió investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento giraba en torno al denominado sistema de facturación intercentros, que se emplea cuando un paciente elige ser atendido en un hospital distinto al asignado según su área de residencia.
El PSOE argumentaba que este sistema podría haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por ende, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar. Tampoco observa un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución también descarta que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica haya renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición adoptada durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, quienes solicitaron el cierre de las actuaciones al no detectar responsabilidad contable.
Desde un principio, el Gobierno regional ha afirmado que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente debía reclamar a las concesionarias.
Esta resolución representa un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Con el archivo del procedimiento, el Tribunal de Cuentas cierra la investigación sobre la facturación entre hospitales y concluye, según la resolución, que la actuación analizada no causó perjuicio económico a las arcas públicas madrileñas.
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La denuncia fue interpuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien pidió investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento giraba en torno al denominado sistema de facturación intercentros, que se emplea cuando un paciente elige ser atendido en un hospital distinto al asignado según su área de residencia.
El PSOE argumentaba que este sistema podría haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por ende, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar. Tampoco observa un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución también descarta que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica haya renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición adoptada durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, quienes solicitaron el cierre de las actuaciones al no detectar responsabilidad contable.
Desde un principio, el Gobierno regional ha afirmado que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente debía reclamar a las concesionarias.
Esta resolución representa un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
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La denuncia fue interpuesta por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien pidió investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento giraba en torno al denominado sistema de facturación intercentros, que se emplea cuando un paciente elige ser atendido en un hospital distinto al asignado según su área de residencia.
El PSOE argumentaba que este sistema podría haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por ende, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que no se ha acreditado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar. Tampoco observa un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución también descarta que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica haya renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición adoptada durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, quienes solicitaron el cierre de las actuaciones al no detectar responsabilidad contable.
Desde un principio, el Gobierno regional ha afirmado que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente debía reclamar a las concesionarias.
Esta resolución representa un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
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