La cuantía por los servicios de abogado y procurador se ajusta de casi 80.000 a 39.000 euros tras la revisión solicitada por la Abogacía del Estado. El monto final podría variar según el informe encargado a expertos sobre las minutas.
El Tribunal Supremo ha aprobado parcialmente la impugnación presentada contra el importe asignado a las costas procesales que debe afrontar el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La responsable de la Administración de Justicia ha considerado excesiva la tasa inicial de 79.942 euros y la ha rebajado a un total aproximado de 39.000 euros.
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Causas de la reducción
La resolución se sustenta en una revisión técnica de los conceptos que forman parte de la factura por la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso:
- Exclusión de ciertos recursos: Se eliminaron del cómputo diversos recursos de apelación, ya que las costas por estos solo se imponen ante situaciones de «mala fe o temeridad», condición que no se ha aplicado en este caso.
- Revisión minuciosa de las minutas: Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía sostuvieron que las cantidades presentadas eran inapropiadas y excesivas.
Un dictamen conjunto para garantizar imparcialidad
Para definir el importe definitivo, el Supremo ha solicitado un informe al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Situación polémica: La Fiscalía había pedido excluir al ICAM de este análisis dado que el colegio participó como acusación durante el juicio. No obstante, el Supremo acordó que ambas entidades colaboren conjuntamente para asegurar la máxima imparcialidad, tomando en cuenta las «peculiaridades» del proceso.
Situación actual de las condenas
Es importante recordar que García Ortiz fue sancionado con dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos confidenciales. En relación con las penalizaciones económicas:
- Sanción e indemnización: El ex fiscal ya ha cubierto los 7.200 euros correspondientes a la multa y los 10.000 euros destinados a indemnización por daños morales.
- Apoyo solidario: Estos pagos no provienen directamente de él, sino que se realizaron mediante contribuciones voluntarias gestionadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), agrupación que contó con García Ortiz como presidente.
Con esta resolución, el proceso judicial del ex fiscal general se aproxima a su conclusión definitiva, a la espera de conocer la cifra exacta que arroje el análisis solicitado a las instituciones colegiales sobre las costas restantes.
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