El Tribunal de Justicia de la UE confirma que los jueces españoles pueden plantear cuestiones prejudiciales incluso después de una resolución del Tribunal Constitucional
El Tribunal Supremo está facultado para elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dudas sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, incluso cuando el Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado previamente su validez. Esta cuestión fue central durante la sesión celebrada ayer en la Gran Sala del TJUE en Luxemburgo, donde se debatió si una reciente sentencia del TC puede limitar la capacidad de los jueces ordinarios para recurrir a la justicia europea.
Thomas von Danwitz, vicepresidente del TJUE y alemán de nacionalidad, manifestó su preocupación por una posible interpretación restrictiva de la sentencia dictada por el TC español. «Me gustaría que despejara mis dudas y me confirme que esta interpretación no es posible», afirmó en dirección a la abogada del Estado, Andrea Gavela.
La representante del Gobierno aclaró que ningún impedimento existe para que un juez pueda plantear una cuestión prejudicial, aunque añadió algunas aclaraciones relacionadas con controles abstractos y concretos. En ese momento, Koen Lenaerts, presidente del tribunal, interrumpió en español para preguntar directamente: «¿Puede un juez ordinario plantear la cuestión prejudicial tanto antes como después de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Es así o no?». Gavela respondió afirmativamente.
Las cuestiones planteadas por el tribunal coincidieron con la decisión de la Audiencia de Sevilla de llevar ante el TJUE su posición sobre el caso de los ERE, después de que el TC anulase ciertas condenas. Esta acción reabrió la discusión sobre el alcance del TC. Previamente, una iniciativa del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para limitar los recursos a Luxemburgo fue descartada por carecer de fundamento legal.
La sesión también destacó por la inusual coincidencia entre las partes. La abogada del Estado, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, y la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, compartieron posición con las defensas de los imputados. Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, destacó esta convergencia: «Hoy la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los afectados coincidimos en la misma defensa».
Boye añadió que en el procés no se utilizaron fondos europeos y negó la existencia de una «autoamnistía». «Lo que se vive es la convivencia entre dos pueblos con diferencias», afirmó.
En este contexto, el TJUE reiteró que los jueces nacionales mantienen el derecho a plantear cuestiones prejudiciales sin las limitaciones que pudieran imponer los tribunales constitucionales nacionales. Se trata de una salvaguarda esencial para garantizar la primacía del derecho comunitario.
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