El Tribunal Supremo (TS) ha sancionado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) admitía delitos fiscales. No obstante, la sentencia incluye una precisión que desmonta la táctica de victimización del empresario. El máximo tribunal reconoce la filtración, pero señala que los hechos relacionados ya estaban «de conocimiento general» y que su divulgación «aporta poca relevancia» al perjuicio de su reputación. Además, la indemnización reclamada se reduce de 300.000 euros a 10.000 euros.
Sentencia contra el fiscal y atenuación del daño
El fallo del Tribunal Supremo, aunque penaliza a Álvaro García Ortiz por divulgar la confesión, es comedido en cuanto a la valoración del perjuicio sufrido por González Amador, empresario de Maxwell Cremona, investigado por defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas.
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Los aspectos esenciales del veredicto son:
- Información no privada: Los jueces subrayan que, pese a que el correo debió permanecer confidencial, el contenido de la confesión «no es un secreto» y la información vinculada al empresario ya era «de conocimiento público» según las noticias difundidas.
- Impacto limitado: El TS rechaza la pretensión de González Amador de que la filtración le imposibilita evitar una condena por fraude fiscal, calificándola de «demasiado ambiciosa».
- Indemnización moderada: El Tribunal Supremo considera «excesiva» la demanda de 300.000 euros y decide una compensación de solo 10.000 euros, cifra inferior a la fianza inicial impuesta por el juez Ángel Hurtado.
La estrategia de victimización y una respuesta contundente
La resolución, que implica la inhabilitación de García Ortiz, también desautoriza el discurso victimista de González Amador. Durante su declaración ante el tribunal, el empresario afirmó que la filtración había «arruinado su vida» y que enfrentaba la alternativa de «salir de España o acabar con su vida».
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, interrumpió para decirle: «No le sugiero ninguna de esas opciones». Los magistrados consideran que las expresiones del empresario son desproporcionadas.
Rechazo a otras demandas por honor
Simultáneamente al proceso penal, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó las demandas por daños al honor presentadas por González Amador contra diversas figuras políticas y periodistas.
En particular, el TS confirmó la negativa a indemnizar en la demanda contra la ministra María Jesús Montero, a quien se reclamaban 40.000 euros. El tribunal argumentó que la destinataria es una «figura pública destacada» y que, aunque las expresiones pueden ser «críticas y contundentes», están amparadas por la «crítica política» y no lesionan el honor del demandante, dado que reflejan hechos comprobados: que González Amador es un ‘defraudador confeso’.
