El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la sanción de 233.324 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox en julio de 2024 debido a supuestas donaciones con destino específico. El alto tribunal aceptó el recurso presentado por la formación de Santiago Abascal, considerando que el órgano fiscalizador aplicó una interpretación «literalista y excesivamente formalista» sobre el concepto de “donación finalista».
La sentencia aborda dos campañas de recaudación de fondos organizadas por Vox entre 2018 y 2019. La primera se destinó a cubrir la fianza impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relacionada con la querella del partido contra el ex president Quim Torra. La segunda campaña tuvo como objetivo financiar parte de la fianza de Borja Salvador, condenado a dos años de prisión por matar a un atracador mientras defendía a una mujer.
El Tribunal de Cuentas entendió que estas acciones infringían el artículo 17 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, que prohíbe donaciones con una finalidad concreta, y sancionó a Vox con multas de 50.000 y 183.324 euros respectivamente.
No obstante, el Supremo considera que el órgano fiscalizador no tomó en cuenta el propósito y espíritu de la normativa sancionadora, y que su interpretación no alcanza el nivel de certeza necesario para calificar la infracción como muy grave. La resolución enfatiza que no queda claro cómo las campañas afectaron «la actuación libre e independiente» del partido, dado que fue la propia formación la que hizo públicos los destinos de los fondos.
Además, la sentencia resalta que las campañas se llevaron a cabo con transparencia y sin indicios de intención de violar la legislación vigente. También apunta que ambas iniciativas se correspondían con los valores e intereses del ideario del partido.
Con esta decisión, el Supremo revoca las dos sanciones emitidas por el Tribunal de Cuentas por el mismo motivo. Aun así, Vox enfrenta otras dos multas relacionadas con su financiación: una de 50.000 euros también por donaciones finalistas y otra de 862.000 euros por supuestas donaciones anónimas, lo cual la ley prohíbe.
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