La acusación popular representada por el PSOE ha realizado una petición procesal importante a escasos días del comienzo del juicio relacionado con la ‘Operación Kitchen’. Los socialistas han requerido a la Audiencia Nacional que se establezca prisión provisional para el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y para el comisario Andrés Gómez Gordo, basándose en un aumento considerable del riesgo de fuga.
Esta solicitud se produce en un momento crucial, ya que la vista oral está programada para el próximo 6 de abril, donde se juzgará el supuesto operativo ilegal diseñado para obtener información delicada del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
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Argumentos de la acusación: relaciones con México y cuestionamientos financieros
En el escrito presentado, el PSOE expone los motivos para considerar necesaria esta medida cautelar, basándose en varios aspectos que podrían poner en riesgo la permanencia de los acusados durante el juicio:
- Relaciones familiares: Martínez está casado con una ciudadana mexicana y realiza viajes frecuentes a México, lo que la acusación identifica como un posible «medio para evadir la justicia».
- Capacidad económica dudosa: Los socialistas ponen en duda cómo ambos implicados pueden costear defensas legales de «complejidad avanzada» conservando un nivel de vida propio de funcionarios públicos. Sospechan que existen «ingresos adicionales sin justificar» que podrían facilitar una fuga internacional.
- Historial reciente: El escrito recuerda que Francisco Martínez estuvo en prisión preventiva hasta junio de 2025 por un caso distinto vinculado a una organización criminal dedicada a ciberataques contra la Administración Pública.
Comienzo del juicio: 6 de abril
La ‘Operación Kitchen’ se posiciona como uno de los procesos judiciales más destacados del año, contando con la presencia en el banquillo del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto con Martínez. Se les imputan delitos como malversación, organización criminal, revelación de secretos y cohecho, con penas que superan los dos años de prisión.
El PSOE argumenta que su petición busca «asegurar el adecuado desarrollo de la vista oral y la efectividad de una posible condena». La Audiencia Nacional deberá resolver con urgencia si existen pruebas suficientes para considerar un riesgo de fuga y, en consecuencia, ordenar prisión provisional para quienes desempeñaron un papel central en el Ministerio del Interior durante la administración de Mariano Rajoy.
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