Mientras los socios del Gobierno y Junts confirman su apoyo al paquete de medidas para empresas, los populares presentan su propia propuesta energética
El Partido Popular ha decidido no respaldar el decreto del Gobierno sobre aranceles y ha presentado un plan alternativo que condiciona su apoyo a un cambio de rumbo en la política energética, en concreto, a la prórroga del funcionamiento de las centrales nucleares en España.
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La iniciativa del Ejecutivo incluye un conjunto de medidas dirigidas a proteger la competitividad de las empresas frente al impacto de los aranceles internacionales y a mitigar los efectos de la transición energética. El decreto ha logrado el respaldo de los socios habituales del Gobierno —Sumar y ERC—, así como de Junts, lo que garantiza su aprobación en el Congreso.
En contraste, el PP ha optado por desmarcarse y defender una estrategia distinta centrada en la prolongación de la energía nuclear como pilar para asegurar el suministro eléctrico, contener los precios de la energía y reducir la dependencia del gas. Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostienen que la energía nuclear es “clave para la soberanía energética” y que cerrar las plantas como prevé el calendario vigente es “un error estratégico”.
Desde el Gobierno, han agradecido el respaldo de sus socios y han reiterado que el decreto responde a la necesidad de proteger el tejido productivo español en un momento de tensiones comerciales internacionales, especialmente con la Unión Europea revisando su política comercial frente a terceros países. Las ayudas incluidas contemplan incentivos fiscales, apoyo a la descarbonización industrial y compensaciones para sectores sensibles.
La propuesta del PP será debatida en las próximas semanas, aunque su aprobación resulta improbable sin apoyos más amplios en la Cámara. El Ejecutivo, por su parte, ha insistido en que no contempla reabrir el calendario de cierre nuclear pactado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé el cierre escalonado de los reactores entre 2027 y 2035.
El choque refleja las diferencias de modelo energético entre los dos principales partidos del país en un momento en que la política industrial y la sostenibilidad se han convertido en ejes centrales del debate económico.
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