El Partido Popular está preparando una acción legal contra el Gobierno debido a la negativa de varios ministros a asistir al Senado para explicar su papel en la crisis migratoria y fronteriza de Ceuta. Desde el PP consideran que estas ausencias vulneran las funciones parlamentarias de fiscalización y anuncian que presentarán el caso ante el Tribunal Constitucional.
Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles fueron convocados por la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, tras los incidentes ocurridos en la frontera de Ceuta desde el 30 de julio.
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Grande-Marlaska y Albares no se presentaron a las convocatorias, y este martes está prevista la intervención de Margarita Robles, a la que el PP anticipa que tampoco asistirá.
Desde la sede del PP en Génova señalan que están dispuestos a agotar todas las vías legales y preparan un recurso ante el Tribunal Constitucional por lo que llaman una situación de “insumisión parlamentaria”.
El PP hace referencia al artículo 110 de la Constitución
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, recordó el artículo 110 de la Constitución de España, que establece que las cámaras y sus comisiones pueden exigir la presencia de los miembros del Gobierno.
Según el PP, el hecho de que los ministros no atiendan las citaciones impide que el Senado pueda cumplir plenamente su función de control al Ejecutivo.
El senador del PP, José Antonio Monago, anunció también la posibilidad de emprender acciones legales tras constatar la ausencia de Albares en la sesión del lunes, donde su silla quedó vacía.
A pesar de la falta de Albares, la comisión continuó con la sesión, en la que miembros del PP, Vox y Junts criticaron la postura del Gobierno y demandaron explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta.
El Gobierno prefiere las comparecencias en el Congreso
El Ejecutivo ha adoptado un enfoque distinto. Desde Moncloa han decidido que los ministros informen sobre su actuación ante el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno ha solicitado estas comparecencias por iniciativa propia después de reclamos de la oposición.
Estas intervenciones están programadas para llevarse a cabo en la última semana de agosto.
Esta divergencia de criterios abre un nuevo conflicto entre el Gobierno y el PP respecto a las competencias de control de ambas cámaras y la obligación de los ministros de acudir a las convocatorias del Senado.
El recurso que se pudiera presentar ante el Tribunal Constitucional convertiría esta disputa política en un conflicto institucional sobre el alcance de las facultades del Senado para exigir la presencia de miembros del Ejecutivo.
Nueva iniciativa del PP en el Congreso
Simultáneamente a las citaciones en el Senado, el PP ha intensificado también su presión en el Congreso.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, anunció una propuesta en la Comisión de Seguridad Nacional para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asuma directamente la coordinación de la respuesta ante la situación en Ceuta.
El PP solicita la creación de un “mando único” y señala la falta de coordinación del Ejecutivo entre los diferentes ministerios involucrados.
Además, los populares piden incrementar los efectivos policiales y militares para garantizar la seguridad y reforzar la frontera, así como aumentar el número de funcionarios de Extranjería que se encargan de tramitar los procedimientos relacionados.
La crisis de Ceuta incrementa la tensión política
La confrontación parlamentaria ocurre casi tres semanas después de la entrada masiva registrada desde Marruecos a finales de julio, una crisis que ha generado un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno central, la oposición y las autoridades de Ceuta sobre la respuesta adoptada.
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha solicitado repetidamente una mayor coordinación a nivel estatal y más recursos para afrontar las consecuencias de la crisis.
Ahora, además de las discrepancias sobre inmigración, seguridad en la frontera y gestión de recursos, surge una nueva confrontación institucional entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.
El PP sostiene que los ministros deben responder ante el Senado cuando sean citados formalmente y está preparando su recurso ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, el Gobierno mantiene sus comparecencias previstas en el Congreso para finales de agosto.
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