El Senado da luz verde a una iniciativa que modifica el Código Penal para que la interrupción de suministros en pisos ocupados ilegalmente no sea considerada un delito de coacciones.
El Partido Popular ha conseguido la aprobación en el Senado de una propuesta legislativa que pretende cambiar el Código Penal con el fin de autorizar a los propietarios a suspender servicios básicos como electricidad, agua o gas en viviendas ocupadas de manera ilegal, sin que esta acción se tipifique como delito. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de partidos afines y ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de los ocupantes y la seguridad jurídica para los propietarios.
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La reforma propuesta aclara que el corte de suministros en una «finca ocupada ilegalmente» no debe considerarse coacciones, buscando definir criterios claros que eviten que los dueños enfrenten penalizaciones por proteger sus propiedades. El PP sostiene que la normativa vigente presenta vacíos legales que dificultan la actuación de los propietarios y generan incertidumbre jurídica.
Con esta modificación, el partido pretende instaurar un marco legal homogéneo en todo el país que defienda a los propietarios frente a situaciones de ocupación ilegal, permitiéndoles actuar sin temor a sanciones penales por interrumpir servicios esenciales.
El siguiente nivel para esta iniciativa es su debate en el Congreso de los Diputados, donde se decidirá su tramitación y, si se aprueba, pasará a ser ley. Este movimiento refleja la intención del PP de endurecer las medidas contra la ocupación ilegal y facilitar a los propietarios instrumentos legales para recuperar el control de sus inmuebles.
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