Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos, una normativa que posibilita la creación de centros para migrantes en países terceros, destinados a quienes deben ser repatriados. Esta regulación busca acelerar las deportaciones y fortalecer la política migratoria común de la Unión Europea.
El texto final supone un endurecimiento en comparación con la propuesta inicial de la Comisión Europea y ha generado divisiones en la Eurocámara entre partidos conservadores y de izquierda, lo que añade un componente de debate a la decisión.
La votación arrojó 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, respaldada principalmente por una alianza sólida entre el Partido Popular Europeo (PPE) y varios grupos de derecha y extrema derecha, como los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN).
Una de las novedades clave del reglamento es permitir que los Estados miembros envíen a migrantes a los denominados “centros de retorno” establecidos en países externos a la UE, siempre que exista un acuerdo previo con el país receptor y se cumpla el principio de no devolución.
Este modelo se inspira en una iniciativa italiana en Albania de 2024, que actualmente está suspendida por decisiones judiciales. Para el sector conservador, esta aprobación representa un éxito relevante. El eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, señaló que se ha logrado aprobar uno de los textos más firmes en materia migratoria en la historia de la Unión Europea.
Buxadé atribuye este avance al liderazgo de VOX y otros grupos que consiguieron incluir en el texto compromisos que endurecen el Reglamento de Retorno, calificando la medida como un “primer paso exitoso hacia la reemigración”, una demanda histórica de su partido.
De manera similar, el eurodiputado sueco Charlie Weimer, perteneciente al grupo ECR, resaltó la importancia de recuperar la eficacia del sistema migratorio, ya que solo uno de cada cinco migrantes a los que se les ordena salir del país lo cumple realmente. Según Weimer, esta votación evidencia una mayoría decidida a garantizar el retorno efectivo de quienes carecen de derechos legales para permanecer en Europa.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, celebró el progreso alcanzado y afirmó que lograr retornos efectivos es fundamental para contar con un sistema de gestión migratoria funcional. Brunner indicó que esta aprobación acerca a la Unión Europea a disponer de las herramientas necesarias para mejorar esta gestión.
No obstante, la medida ha generado críticas y rechazo entre los grupos socialdemócratas, que han acusado al PPE de romper un “cordón sanitario” y adoptar posturas extremas. Ana Catarina Mendes, vicepresidenta de los Socialistas y Demócratas, consideró que la iniciativa se aleja de un enfoque europeo equilibrado y culpó al PPE de querer alinearse con la extrema derecha.
Por su parte, la eurodiputada francesa de los Verdes, Mélissa Camara, definió la votación como “una jornada de vergüenza” y una traición a los principios fundamentales de la Unión Europea, acusando a la mayoría parlamentaria de priorizar ideologías racistas y populistas sobre la dignidad humana.
Organizaciones civiles también expresaron su rechazo. Silvia Carta, responsable de incidencia política de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), advirtió que esta “alianza tóxica” podría facilitar abusos similares a los experimentados con el ICE en Estados Unidos, alertando sobre un posible punto de inflexión peligroso que abriría la puerta a detenciones masivas, separación de familias y deportaciones.
Asimismo, este jueves ha comenzado el trílogo de negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento, bajo la coordinación de Malik Azmani (Renew). Se prevé que las conversaciones avancen con rapidez, dada la cercanía entre el texto aprobado y la propuesta inicial de la Comisión.
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