La Mesa del Parlamento catalán, respaldada unánimemente por socialistas y nacionalistas, presentará un recurso contra la medida cautelar que exige colocar la bandera española en igualdad con la autonómica.
El Parlamento catalán se encuentra nuevamente en medio de un debate jurídico y político. Rememorando momentos delicados del procés, la Mesa —integrada por PSC, Junts y ERC— ha decidido por unanimidad impugnar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a izar de manera permanente la bandera española.
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Un enfrentamiento jurídico sobre los símbolos
El 20 de marzo, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC emitió una medida cautelar clara: la bandera nacional debe estar presente en el edificio de forma «visible, destacada y con máxima dignidad», conforme a lo dispuesto en la Ley 39/1981. El tribunal enfatizó que esta presencia no es meramente simbólica, sino una obligación legal que representa la unidad del Estado.
Sin embargo, la Mesa del Parlament, presidida por Josep Rull (Junts), ha decidido ejercer la vía legal contraria. Sus argumentos para oponerse a la orden judicial se fundamentan en:
- Autonomía parlamentaria: Afirman su derecho a regular internamente el funcionamiento y los símbolos dentro del edificio.
- Prácticas usuales: Aseguran que desde 1980 las banderas solo ondean durante las sesiones plenarias para señalar que la cámara está en funcionamiento.
- Formalización posterior: Indican que esta costumbre fue institucionalizada en 2009 y no implica un incumplimiento legal.
La paradoja de la gran «Senyera»
El recurso presentado tanto por el PSC como por los partidos independentistas contrasta con la reciente colocación de una señera de gran tamaño (54 metros cuadrados) en un mástil de 25 metros frente a la fachada del Parlament.
De acuerdo con la denuncia inicial de la plataforma Impulso Ciudadano, al existir un símbolo autonómico de estas dimensiones se debería, por ley, colocar una bandera española con características equivalentes para garantizar el mismo rango. Al no acatar las medidas cautelares, el Parlament evita la instalación de un mástil similar para la enseña nacional o bien la retirada de la bandera catalana de gran tamaño.
Un acuerdo sin discrepancias
Lo más relevante de este nuevo conflicto institucional es la unanimidad entre los tres principales partidos. El PSC, con tres representantes en la Mesa (incluyendo la vicepresidencia segunda, ocupada por David Pérez), apoya la postura de Junts y ERC.
«La obligación de exhibir la bandera española no es opcional, sino un mandato constitucional», señala el auto del TSJC.
Con esta impugnación, el Parlament prolonga el proceso, aunque se expone a posibles sanciones o requerimientos personales si se considera un incumplimiento deliberado de una orden judicial. Este episodio sitúa nuevamente a las autoridades catalanas en una situación de resistencia simbólica.
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