El Ministerio de Transición Ecológica ha resuelto la inhabilitación definitiva de la petrolera Haxx, anteriormente denominada Hafesa, debido a un fraude fiscal de 154 millones de euros relacionado con el IVA de hidrocarburos. Esta sanción se produce un año después de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la empresa por no ingresar esa cantidad al fisco.
La empresa, dirigida por Alejandro Hamlyn, quien actualmente se encuentra fugado en Dubái, fue identificada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria como el principal actor en uno de los mayores fraudes al IVA en hidrocarburos, descubierto durante la operación Drake. Esta investigación conjunta inició en 2015 y en 2019 supuso un fuerte golpe contra el fraude del IVA en el sector de carburantes en España.
La evolución de Hafesa a Haxx
Para intentar mejorar su imagen y separarse de los problemas legales de su creador, Hafesa modificó su denominación a Haxx Spaniard Operator Licence a finales de 2025. Asimismo, Diego Guardamino asumió el puesto de consejero delegado y administrador único de todas las sociedades del grupo. Sin embargo, en abril dejó todos sus cargos en la petrolera, menos de un año después de su nombramiento.
La orden de inhabilitación definitiva contra Haxx fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, firmada por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y tiene efecto inmediato. La decisión se fundamenta en tres razones principales: la imposibilidad de Hafesa para demostrar su solvencia económica, la falta de acreditación de su capacidad legal y el incumplimiento verificado del deber de mantener existencias mínimas.
Consecuencias legales y fiscales
La Fiscalía identificó a Alejandro Hamlyn como el cabecilla de la organización criminal juzgada por la Audiencia Nacional, solicitando una pena de prisión de 89 años para él. La petrolera no ha conseguido demostrar los recursos propios mínimos de tres millones de euros exigidos legalmente para los mayoristas del sector. Además, no ha acreditado estar al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, un factor clave para su suspensión.
La inhabilitación de Haxx constituye una nueva intervención del Gobierno frente al fraude en el mercado de hidrocarburos, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia en el sector energético.
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