El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una nueva iniciativa para investigar posibles descuentos fraudulentos en el período de rebajas de finales de noviembre, incluyendo eventos como Black Friday y Ciber Monday. Esta medida forma parte de un plan más amplio para defender los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales engañosas.
El ministro Pablo Bustinduy informó el lunes que la Dirección General de Consumo realizará un seguimiento exhaustivo de los precios y productos, con el propósito de detectar conductas irregulares, como la inflación artificial de precios antes de las rebajas, que genera descuentos aparentes pero no reales.
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Las denuncias sobre estas prácticas no son recientes. En años anteriores, tanto el Ministerio como asociaciones de consumidores, como Facua y la OCU, han alertado que el Black Friday no siempre representa un descuento genuino para los compradores. Por ello, muchos consumidores han empezado a monitorizar los precios de sus productos de interés para confirmar la veracidad de las rebajas.
Desde el Ministerio recuerdan que estas conductas vulneran el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que obliga a señalar como precio de referencia el menor valor del producto en los 30 días previos a la promoción. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó las sanciones impuestas por el Ministerio a empresas acusadas de aplicar descuentos falsos.
Además de esta vigilancia sobre las rebajas, el Ministerio planea ampliar la supervisión a otras prácticas comerciales desleales. Según Bustinduy, se dará especial atención a la técnica del precio por goteo, donde el coste final se oculta inicialmente y se añaden cargos adicionales a medida que el comprador avanza en la compra, lo que puede generar confusión.
También se controlarán las tácticas que inducen a comprar rápidamente, como los contadores regresivos falsos en páginas web o mensajes engañosos sobre la escasez de productos. Estas estrategias buscan provocar una sensación de urgencia que puede conducir a decisiones de compra apresuradas.
El Ministerio vigilará asimismo la utilización de precios personalizados basados en datos personales, que en algunos casos podrían derivar en discriminación. La comparación engañosa de precios, cuando se confronta un precio promocional con otro poco habitual en el mercado, también estará bajo escrutinio.
La campaña se centrará principalmente en el comercio electrónico, con especial seguimiento en sectores como textiles, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos. Bustinduy enfatizó que ninguna práctica comercial debe vulnerar los derechos de los consumidores, reafirmando el compromiso del Ministerio para proteger a los ciudadanos frente a estas infracciones.
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