El magistrado Juan Carlos Peinado ha concedido un plazo urgente a Moncloa para que entregue la documentación relativa a las agendas y actividades de Begoña Gómez, advirtiendo sobre las posibles repercusiones legales en caso de incumplimiento.
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado una nueva providencia que pone en una posición delicada al Gobierno. En esta resolución, exige de forma tajante que Moncloa remita con carácter inmediato las agendas de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, junto con documentos esenciales sobre su actividad desde 2018. Esta petición forma parte de una investigación que indaga posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y la conducta de Gómez durante su vinculación con el Ejecutivo.
La demanda abarca no solo las agendas, sino también los listados de las personas que la han acompañado en sus desplazamientos y la descripción de las funciones que desempeñó dentro y fuera del ámbito institucional. En particular, se requiere información sobre su asesoría en Moncloa, la nómina de su equipo y detalles de sus desplazamientos públicos financiados por el Estado. Estos documentos son clave para determinar si las actividades de Begoña Gómez como primera dama podrían haber implicado el uso indebido de recursos oficiales al fusionar funciones públicas con labores privadas.
La providencia subraya la urgencia de esta solicitud, recordando que en una resolución previa del 4 de noviembre ya se había pedido información detallada sobre contratos de personal y gastos en viajes y dietas relacionados con su labor institucional. Sin embargo, hasta ahora, Moncloa no ha entregado la documentación requerida, lo que ha motivado que el juez advierta sobre la posibilidad de incurrir en delito de desobediencia. La advertencia es clara: si el Gobierno no justifica su negativa o no aporta los documentos en el plazo fijado, estará sujeto a sanciones legales.
Además de las agendas, Peinado solicitó la entrega de los correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez y su entorno, que están bajo custodia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta petición pretende clarificar si existieron vínculos entre las funciones oficiales de Gómez y actividades privadas relacionadas con la causa. Los correos son piezas fundamentales para establecer si se produjo un posible uso indebido de la influencia política con fines personales.
La presión sobre el Ejecutivo crece a medida que avanza la investigación, especialmente en un momento en que el Caso Begoña Gómez recibe una atención pública y mediática creciente. Los fiscales investigan posibles malversaciones, tráfico de influencias y utilización irregular de recursos oficiales para beneficio particular. Las dudas sobre los detalles de los viajes, reuniones y actividades privadas, así como los vínculos con contratos públicos, alimentan las sospechas de posibles irregularidades.
La resolución del juez Peinado pone en el centro la responsabilidad del Gobierno para garantizar que las acciones de sus miembros y familiares directos cumplan con las normas de transparencia. La Moncloa debe justificar adecuadamente los actos de Begoña Gómez o brindar una explicación razonada sobre la falta de documentos. La ausencia de cooperación o cualquier intento de ocultar información podría acarrear consecuencias legales y afectar la imagen pública del Ejecutivo.
El proceso sigue su curso y las próximas semanas serán decisivas para establecer si la Administración de Pedro Sánchez se ve implicada en un escándalo con posibles repercusiones políticas relevantes. Por ahora, el juez Peinado ha dejado claro que la ley debe prevalecer y que ninguna autoridad está por encima de la justicia. El país sigue atento los siguientes pasos en un caso que podría marcar un cambio en la relación entre política y gestión pública.
