Manuel Morocho, principal investigador de la trama, afirmó que la operación Kitchen se llevó a cabo sin contar con autorización judicial y que comprendió acciones dirigidas incluso contra su propio equipo dentro de la UDEF.
Madrid – Este jueves se reanuda en la Audiencia Nacional el juicio sobre el denominado «caso Kitchen», con la continuación del testimonio de Manuel Morocho, inspector jefe que dirigió la investigación de la trama Gürtel y la contabilidad paralela del Partido Popular. En esta decimocuarta sesión, la atención se centra en las supuestas estrategias ilegales para entorpecer el avance de la investigación judicial.
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Al comenzar su declaración, Morocho afirmó haber detectado desde agosto de 2015 la existencia de una operación policial relacionada con Luis Bárcenas que no contaba con control judicial. Según su testimonio, dicha operación no solo estaba destinada contra el ex tesorero, sino que también actuaba en perjuicio del Grupo 21 de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que él dirigía, con la finalidad de interferir en el trabajo del juez encargado.
Desmontar la hipótesis de la trama parapolicial
Tras responder a las preguntas de la acusación y la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, este jueves es el turno de los abogados de los otros nueve acusados. Los defensores intentarán poner en duda el testimonio de Morocho para debilitar la principal acusación: la existencia de una red que sustrajo documentos comprometidos para el PP en poder de Bárcenas antes de que llegaran al juzgado.
Aspectos clave del testimonio
El relato de Morocho ha puesto sobre la mesa diversos puntos relevantes del caso:
- Presiones desde dentro: El inspector denunció que recibió presiones directas de sus superiores para modificar informes, incluyendo instrucciones específicas que le ordenaban omitir el nombre del expresidente Mariano Rajoy.
- Investigación paralela: Morocho identificó que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) proporcionó información que llevó al descubrimiento de esta estructura paralela que actuaba fuera del procedimiento legal normal.
- Conflicto en competencias: Según el inspector, mientras su grupo seguía órdenes judiciales, otro sector policial operaba para defender los intereses del partido en el Gobierno de aquel momento.
La sesión de hoy es clave para contrastar los detalles de esta presunta red de espionaje y robo de documentación, en un proceso que busca aclarar responsabilidades en el uso de recursos del Ministerio del Interior para fines partidistas y particulares.
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