David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, accedió este jueves a la Audiencia de Badajoz protegido por un fuerte dispositivo policial y en medio de una notable presencia ciudadana. Para evitar la atención directa de los medios, el principal acusado entró por una puerta trasera del edificio judicial, método también empleado por la mayoría de los once imputados en este proceso, que investiga presuntas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz.
El inicio de la vista oral, programado inicialmente a las 10:00 horas, transformó los alrededores de la avenida de Colón. Más de cincuenta medios de comunicación, entre ellos varios corresponsales internacionales, y numerosos ciudadanos se concentraron en los accesos. El considerable despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reflejó la relevancia política y social del caso, que sitúa en el banquillo a figuras públicas destacadas, incluyendo a Sánchez y al expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo.
Dos jornadas dedicadas a aspectos técnicos
La apertura del juicio se centrará hoy jueves y mañana viernes en resolver las cuestiones previas. La importancia de esta fase se manifiesta en la decisión del Tribunal —formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano— de reservar dos jornadas completas para escuchar a las partes involucradas.
Se espera un debate procesal intenso que tratará temas como presuntas violaciones de derechos fundamentales, impugnaciones sobre el contenido y propósito de las pruebas obtenidas, solicitudes de anulación de actuaciones y disputas sobre la competencia del tribunal. En contraste, los abogados de las acusaciones populares —representando a los colectivos Manos Limpias, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y HazteOir— indicaron a las puertas del tribunal que no presentarían cuestiones previas, con el objetivo de agilizar el comienzo de las declaraciones de fondo.
Calendario de declaraciones: comparecencias aplazadas
A pesar de la atención mediática generada por su llegada, ni David Sánchez ni Miguel Ángel Gallardo comparecerán inmediatamente. Según el calendario establecido por la Audiencia, no testificarán antes del 4 de junio, y fuentes judiciales estiman que pudiera ser incluso en los días 8 y 9 de junio.
Este aplazamiento responde al orden de declaración previsto, que establece que primero hablarán los otros nueve investigados y los 42 testigos citados por las partes. Los once procesados enfrentan cargos por prevaricación y tráfico de influencias. Las solicitudes de condena varían: las acusaciones piden tres años de prisión para Sánchez y Gallardo, año y medio para seis acusados y la inhabilitación especial para los tres restantes.
Evidencias de urgencia e irregularidades
El juicio se basa en la investigación realizada por la jueza Beatriz Biedma, quien detectó «indicios suficientes» de delito en las conductas investigadas. Esta postura fue confirmada formalmente por la Audiencia de Badajoz hace un año, cuando rechazó los recursos presentados por las defensas.
En aquel auto, la Audiencia criticó severamente el proceso de creación de la plaza de coordinador de actividades entre conservatorios, asignada a Sánchez entre 2016 y 2017, describiéndola con términos usados en la instrucción como una decisión caracterizada por la «premura», «innecesariedad» y «desatino». Además, el tribunal validó las sospechas sobre el posterior cambio de denominación del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, considerándolo un posible «camuflaje» documental. También destacó los vínculos de amistad entre Sánchez y Luis Carrero, otro beneficiario de contrataciones transfronterizas en la Diputación.
Posturas contrapuestas en el juicio
El debate jurídico que se inicia plantea dos posiciones claramente opuestas. Emilio Cortés, abogado defensor de David Sánchez, sostiene que el proceso carece de fundamento penal, argumentando que no se ha demostrado «ni siquiera de manera indiciaria» una influencia con carácter delictivo en la elaboración de los concursos. Según su criterio, al no existir constituídos delitos, no puede atribuirse ninguna responsabilidad penal a su defendido. De forma similar, la defensa de Gallardo considera que las acusaciones se basan en «meras especulaciones» y recuerda que la plaza fue aprobada legítimamente por el pleno de la corporación provincial.
Por otro lado, las acusaciones populares mantienen que David Sánchez tenía conocimiento previo de que la plaza se diseñó exclusivamente para él y que los procesos de selección para los demás aspirantes fueron un «simulacro». El escrito de acusación concluye afirmando de manera categórica que, «a pesar del nombramiento ilícito, no desempeñó su puesto de trabajo ni ejerció sus funciones habitualmente», aunque esta supuesta falta de actividad no le impidió recibir íntegramente su salario público con la presunta connivencia y participación directa del expresidente de la Diputación.
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